"No pueden pretender encasillar este asunto a un tema de carácter personal, o extrañarse de lo inmediato de las investigaciones por parte del Ministerio Público". (Foto: GEC)
"No pueden pretender encasillar este asunto a un tema de carácter personal, o extrañarse de lo inmediato de las investigaciones por parte del Ministerio Público". (Foto: GEC)

Cada día que pasa se va haciendo más grande la bola de nieve del desaguisado de al menos dos relojes suizos de alto costo marca Rolex, exhibidos por la jefa de Estado, Dina Boluarte, en más de una actividad, evidenciado por el podcast La Encerrona del periodista Marco Sifuentes. Francamente, ha sido tan torpe la evaluación del problema por parte del Ejecutivo, que evidencia, en mi opinión, una total ausencia de estrategia comunicacional para menguar el impacto negativo de la noticia.

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El control de daños ha sido para llorar; la defensa o justificaciones ensayadas, empezando por la propia presidenta, la protagonista, como del premier y varios de sus ministros, compiten entre sí por la respuesta más insatisfactoria o comprometedora, que lo único que genera es más desconfianza y rechazo en la clase política y la ciudadanía. Tanto así que hasta podría hacer peligrar el Voto de Confianza o de Investidura al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, máxime si este ha decidido no remozar su gabinete, sobre todo, en la cartera del Interior.

Parece no haber calado en el Gobierno lo dado a conocer por la Sociedad Nacional de Industrias, que por culpa de la delincuencia solo en 2023, el Perú perdió S/35 mil millones, lo que hubiere impactado positivamente en un 3% de nuestro PBI. Y a esto le sumamos que alrededor de 13 mil bodegueros, a la sazón micro y pequeñas empresas, han sido víctimas de extorsión y asaltos en el mismo periodo 2023, según denuncia la Asociación de Bodegueros del Perú, que les ha conllevado por temor a cerrar muchos emprendimientos, nefasto para nuestra economía por ser las MIPYMES uno de los motores que la dinamizan.

Volviendo al caso Rolex, los funcionarios públicos saben de sobra que están expuestos al escrutinio popular y a la rendición de cuentas. No pueden pretender encasillar este asunto a un tema de carácter personal, o extrañarse de lo inmediato de las investigaciones por parte del Ministerio Público o pretextar que la mandataria estaría impedida de declarar en los medios por aquello del Principio de Reserva de la Investigación. Este affaire está aún en una etapa embrionaria, por tanto, tal restricción no le alcanzaría y, lo que es más importante, la ética de la función pública que rige para todos los servidores del Estado, independientemente de su jerarquía, máxime si se trata de la persona de la más alta magistratura del Perú, contempla deberes del empleado público, uno de ellos, la Transparencia, por el cual sus actos son accesibles al conocimiento de toda persona y se debe brindar información fidedigna, completa y oportuna, según reza el artículo 7.°, numeral 2.° de la Ley 27815. Presidenta Boluarte, en sus manos está zanjar esta controversia, con explicaciones que reúnan estas características.

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