NO PASA NADA. Niega error de su gestión en caso de los comandos que acabó en la Corte. (David Vexelman)
NO PASA NADA. Niega error de su gestión en caso de los comandos que acabó en la Corte. (David Vexelman)

Redacción PERÚ21

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El exministro de Justicia Francisco Eguiguren rompió ayer su silencio, pero para evadir su responsabilidad en la demanda que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Chavín de Huántar.

Para comenzar, dijo que siempre estuvo de acuerdo con el informe de respuesta elaborado por la entonces procuradora supranacional Delia Muñoz, que se presentó el 12 de agosto, a solo 15 días del cambio de gobierno.

Sin embargo, optó por instruirla para que solicitara un mes de prórroga ante la CIDH, el 12 de setiembre, como se desprende de los documentos a los que Perú21 tuvo acceso.

En el oficio No 1935-2011-JUS/PPES, Muñoz solicita a la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Franca Meza, que tramite el pedido coordinado con el ministro. Luego se presentó otra solicitud similar, pero de tres meses. Sin embargo, el 5 de diciembre último se ratificó el informe hecho por Muñoz.

Lo más resaltante es que, ahora, Eguiguren ironiza al sostener que Muñoz pidió la prorroga "sin que le pusiera una pistola". Pero lo cierto es que la exprocuradora dijo que siempre se opuso a la ampliación, pero que accedió por la justificación que le dieron de cambio de gobierno.

DENUNCIA ABSURDAEl presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Carlos Mesa Angosto, aseguró ayer que la denuncia de la CIDH por el caso Chavín de Huántar "es un absurdo que no prosperará".

Afirmó que las organizaciones que defienden los derechos humanos –como IDL y Aprodeh– solo buscan las reparaciones civiles.

"El fuero militar ya señaló que los comandos no participaron en ejecuciones extrajudiciales, y eso se debe respetar", manifestó el presidente del fuero castrense.

TENGA EN CUENTA

- El pedido de prórroga a la* CIDH consta de seis puntos que la sustentan.

- Aclara que la petición no implica un reconocimiento de los hechos imputados.

- El nuevo gobierno buscaba evaluar si las recomendaciones de CIDH eran viables.