García Belaunde saludó que los procesos vinculados a la empresa OAS y a las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán estén avanzando. (Foto: Congreso / Video: Canal N)

El legislador (Acción Popular) no descartó este viernes postular nuevamente a la presidencia del Congreso cuando se lleve a cabo la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento.

Aseguró, en esa línea, que su posible elección dependerá de lo que decidan todas las bancadas del Legislativo.

"Ser voceado no significa que hayan resultados positivos. Soy voceado [para ser presidente del Congreso] y agradezco mucho que se vocee mi nombre, pero no significa eso absolutamente nada, ni da seguridad de nada tampoco, pero no lo descarto", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Depende de las bancadas, no depende de mí. Ni siquiera depende de mi propia bancada, que es una bancada pequeña, sino depende de que haya un consenso, un acuerdo", señaló.

Como se recuerda, en julio del 2018 García Belaunde postuló a la presidencia del Congreso en una lista multipartidaria. Sin embargo fue derrotado por el actual titular del Legislativo, Daniel Salaverry, quien encabezó una lista de parlamentarios Fuerza Popular, bancada a la que perteneció hasta enero de este año.

En otro momento, García Belaunde saludó que los procesos vinculados a la empresa OAS y a las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán estén avanzando.

Lamentó, en ese sentido, que por un decreto firmado el 2005 por el entonces primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, sea el Estado el encargado del pago de los abogados de los implicados.

"Lo peor es que la Municipalidad de Lima está pagando a esas personas hasta 250 mil soles en abogados para que la defiendan. O sea, la Municipalidad de Lima está pagando abogados para que defiendan a funcionarios por procesos en corrupción que ellos han cometido dentro de su función", manifestó.

"Hay un decreto que sacó Kuczynski cuando era primer ministro que indica que los ex funcionarios exijan al Estado que les pague sus abogados. Yo he presentado un proyecto de ley para que por lo menos se paguen los honorarios de un arancel judicial y no contraten a cualquier abogado costoso que pague el Estado, pero aún no se debate", remarcó.