Vicente Zeballos: “Nuestras cárceles no pueden ser refugio para el desentendimiento de nuestro país”

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró este viernes que las cárceles del país no pueden convertirse en “un refugio para el desentendimiento de nuestro país” y añadió que, por el contrario, deben convertirse en “una oportunidad para que los peruanos puedan reinsertarse” a la sociedad.

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Por esa razón, explicó que se debe abordar la problemática del hacinamiento en los centros penitenciarios en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 para lo cual el Ejecutivo ha solicitado facultades delegadas.

“Nuestras cárceles no pueden ser un refugio para el desentendimiento de nuestro país, sino que sea una oportunidad para que los peruanos puedan reinsertarse. Hace un año se hizo grandes esfuerzos, pero el panorama era difícil”, sostuvo durante su intervención ante el Pleno del Congreso.

“El sistema penitenciario de nuestro país tiene debilidades estructurales, carencias en capacitación, recursos humanos, competitividad, falta de tecnología, limitaciones en el sistema de salud, entre otras. Esta propuesta de delegación de facultades no es ligera, tiene criterios técnicos que nos permitirán corregir aquellas falencias que hemos dejado pasar por décadas. Este Gobierno quiere realizar cambios importantes”, señaló el jefe del gabinete.

El primer ministro saludó la "diligencia" del Parlamento para poner al debate la propuesta del Ejecutivo horas después de su presentación y dijo creer que con estas actitudes se puede evidenciar que el Gobierno y el Legislativo "pueden trabajar juntos".

“Agradezco la diligencia del Congreso. El pedido de delegación de facultades llegó esta mañana y ha sido aceptado hoy mismo. Debemos darle un mensaje al país que el Parlamento y el Ejecutivo pueden trabajar juntos, sobre todo en esta emergencia”, manifestó.

“Un máximo de 10 mil personas”

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, indicó que la delegación de facultades busca que se pueda llevar a cabo la revisión de la situación jurídica de "un máximo de 10 mil personas” condenadas por delitos lesivos y no graves.

“Lo que buscamos es la revisión de la situación jurídica que alcanzará a un techo máximo de 10 mil personas. La idea no es regular un marco normativo sobre delitos graves, solamente sobre delitos lesivos. Además, se busca que sea el Poder Judicial quien controle la constitucionalidad y legalidad de estas medidas analizando los fundamentos en cada caso. Esa es la motivación de esta delegación”, declaró.

“No es el Ejecutivo el que va a excarcelar, el Poder Judicial es el que caso a caso va a analizar este tema. Ayúdennos a ayudar a nuestro personal penitenciario y personal médico que está batallando contra este virus en todos los establecimientos del INPE a lo largo del país”, agregó.

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