TC verá demanda de inconstitucionalidad contra ley que permite sancionar a funcionarios públicos

El Tribunal Constitucional (TC) analizará este jueves 24 la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el gobierno de Francisco Sagasti contra la Ley N° 31288, que restituyó la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República respecto de infracciones administrativas cometidas por malos funcionarios y servidores públicos.

Mediante un comunicado, el ente de control informó que ese día el TC escuchará los alegatos de las partes, tras lo cual emitirá su fallo que, de ser favorable a la declaratoria de inconstitucionalidad de la referida norma, “implicaría no solo dejar sin sanción administrativa a los casos de corrupción e inconducta funcional detectados, los cuales serían enviados al archivo; sino también, que las resoluciones de archivamiento puedan ser usadas por cuestionados funcionarios y servidores públicos ante el Sistema de Justicia para argumentar la nulidad de sus investigaciones, y así lograr impunidad por los hechos detectados”.

Tras recordar que la ley en cuestión restituyó la capacidad sancionadora de la Contraloría General “estableciendo 32 infracciones administrativas para sancionar, con efectividad, a los malos funcionarios y servidores públicos”, la Contraloría advirtió que un fallo favorable del Tribunal Constitucional constituiría “un lamentable retroceso en el esfuerzo de varias instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar decididamente a la corrupción, porque mandaría al archivo todas las responsabilidades identificadas por la Contraloría General desde la vigencia de la ley”.

“Debemos advertir que hechos graves como el favorecimiento a empresas constructoras por parte de 26 funcionarios del Fondo Mivivienda (caso Marka Group), que provocaron perjuicio económico al Estado superior a S/ 33 millones, y dejaron sin vivienda a más de 2 mil familias; las irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata en la región San Martín, cuya inversión supera los S/ 300 millones; los hechos denunciados en la adjudicación para la compra de Biodiesel por parte de ex funcionarios de PetroPerú, cuyos actos provocaron un perjuicio superior a los US$ 2 millones, son solo algunos de los más de mil casos que se verían favorecidos de concretarse el objetivo de la demanda de inconstitucionalidad en cuestión”, anotó.

Asimismo, subrayó que “la pretensión de la inconstitucionalidad favorece a los malos funcionarios y servidores públicos, socavando la legitimidad del Estado, generando un mayor daño social, económico y desconfianza en la ciudadanía”.

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