Susana Villarán y su red amasaron US$11 millones para financiar campañas, según Fiscalía

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, admitió en mayo de 2019 que sabía de los millonarios aportes ilícitos que las empresas brasileñas OAS y Odebrecht entregaron a las campañas políticas que desplegó en 2013 y 2014 para mantenerse en el cargo. “Quiero pedir perdón a las personas a las que no les pude pedir perdón en su momento; no le temo al futuro”, declaró en ese momento. Las consecuencias de esa confesión se conocieron ayer, tres años después.

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, presentó al Poder Judicial la acusación contra la exburgomaestre y otras 20 personas, la mayoría exfuncionarios villaranistas. Para todos pidió prisión efectiva.

Pérez requirió condenar a 29 años de cárcel a Villarán, acusada de cinco delitos, el máximo castigo entre los investigados. La imputación se sustenta en que, siendo funcionaria pública, encabezó una organización criminal que usó dinero ilegal a su favor a cambio de la entrega de obras.

En 2013, la entonces alcaldesa afrontó un proceso de revocatoria que casi la lleva a perder el cargo. Si bien se salvó, 19 de sus regidores de Fuerza Social, como Marisa Glave y Eduardo Zegarra, fueron revocados.

Tratos con brasileños

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, Odebrecht abonó US$3 millones, provenientes de su departamento de coimas, a la campaña contra la revocatoria con el fin de que la Municipalidad de Lima le otorgue la concesión de Rutas de Lima.

OAS, en tanto, entregó otros US$3 millones a esa campaña para conseguir la suscripción de la adenda 1 en la concesión del proyecto Línea Amarilla, que permitió ampliar el plazo del contrato de 30 a 40 años.

La indagación halló también que la concesionaria Vía Expresa Sur, que integraba la empresa peruana Graña y Montero, entregó a la campaña US$100 mil para conseguir el contrato de la obra del mismo nombre.

Para la reelección que intentó Susana Villarán, en 2014, las prácticas se repitieron, según el Ministerio Público.

La compañía OAS donó US$4 millones que fueron usados en las actividades proselitistas a cambio de un trato directo para fijar el precio del peaje que se cobraría en la carretera.

Para esta ocasión, Odebrecht aportó con US$1 millón 193 mil 816 soles, siempre interesado en el proyecto Rutas de Lima.

Pero Villarán no actuó sola. El que se encargó de requerir el dinero a las empresas fue el gerente general de la municipalidad José Miguel Castro.

El mismo Jorge Barata, exmandamás de Odebrecht, contó al equipo especial de fiscales que US$2 millones fueron entregados en reales al publicista Valdemir Garreta, en Brasil, para los gastos de publicidad, mientras que el millón restante fue entregado en Lima a Castro. Para la exmano derecha de Villarán se solicita 25 años y 5 meses de prisión.

Otro de los acusados es Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana, a quien se le descubrió una cuenta bancaria en Andorra en la que habría recibido dinero de Odebrecht. Prado afronta 15 años de cárcel.

El exregidor Marco Zevallos también figura entre los acusados. Fue el responsable de entregar al Jurado Nacional de Elecciones (JN) la lista de aportantes a la campaña del No, información que para el fiscal era falsa porque no mostró a los reales donantes: las empresas brasileñas.

En total, el dinero que habría manejado la red criminal encabezada por Villarán supera los US$11 millones. El Poder Judicial ahora debe realizar audiencias de control de acusación antes de empezar con el juicio, aunque la exalcaldesa ya reconoció su culpa y nada parece salvarla de la cárcel.

Tenga en cuenta

-Entre los acusados también aparece el exdirector de OAS, Leo Pinheiro. Sin embargo, fuentes fiscales indicaron que el proceso de colaboración eficaz del empresario brasileño sigue en curso.

-El fiscal Pérez también pidió la disolución de los grupos políticos Amigos de Lima, Asociación Ciudadanos por Lima y la prohibición de actividades para Diálogo Vecinal.

VIDEO RECOMENDADO