Poco parece haberle importado que el Consejo Directivo del Congreso haya presentado ante él —hace dos semanas ya— el informe final contra las legisladoras Katy Ugarte y María Cordero. Con él no parece ser la cosa. No hay apuro.
Para Alejandro Soto, el presidente del Congreso, no hay prisa para que se decida las posibles suspensiones a estas parlamentarias tal como recomendó el informe final de la Comisión de Ética hace ya más un mes. El desaprobado por el 83% de la población, según la última encuesta de Ipsos para Perú21, ha preferido desentenderse de un tema sensible y que los casos de sus compañeras sigan durmiendo sobre el colchón de la indiferencia y la impunidad. Al parecer no quiere que se les sancione, en un disfrazado blindaje. O tal vez son dos votos menos que podrían decidir algún proyecto apetecible.
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Muchas semanas han pasado desde que Diego Bazán y su grupo de trabajo cumplieron con enviar su solicitud por escrito a Soto apenas aprobados estos documentos. Ha sido recién este martes 14, y ya en medio de la presión, que la Junta de Portavoces lo incluyó en la agenda del Pleno del jueves 17, aunque finalmente no se debatió ese día.
Para Ugarte, Ética recomendó la suspensión y el descuento de sus haberes por 30 días por despedir a una trabajadora de su despacho en estado de gestación, mientras que para la ex Fuerza Popular el grupo de trabajo que preside Bazán recomendó una suspensión de 120 días.
Las dos resoluciones recomendando las sanciones de las congresistas y solicitando que sean incluidas en la agenda del Pleno fueron remitidas —la de Ugarte el 18 de septiembre, y la de Cordero, el 11 de octubre— a la Oficialía Mayor. En vista de la desatención, indiferencia y poca importancia que se tomó a su pedido, Bazán se vio obligado a presionar públicamente a Soto a través de sus redes sociales y el pasado viernes 10 ya exigió que se priorice los referidos informes en la agenda del Pleno. “¿Cuánto más debemos esperar?”, remató así su publicación el presidente de Ética.
Más de un mes con varios Plenos han pasado, y recién esta última semana se decidió incorporar estos dos informes para ser debatidos el jueves 16. Un saludo a la bandera, pese a hacerse público que estos casos formaban parte de la agenda. Los casos de las legisladoras no lograron discutirse y seguirán esperando. Mientras, ese jueves Ugarte y Cordero pudieron votar a favor del retorno a la bicameralidad y la reelección de los congresistas.
Karol Paredes, integrante y expresidenta de la comisión de Ética, confía en que estos dos informes sancionadores sean agendados, debatidos y votados en el próximo Pleno.
“Entiendo que se tiene que notificar a las congresistas con anticipación para que puedan hacer uso de sus descargos para que no se alegue vulneración al derecho de defensa. Confiemos que en el próximo Pleno se debata y vote”, indicó Paredes a Perú21.
En medio de esta demora por casos que deben priorizarse en el Pleno por la salud del Congreso, la Fiscalía dispuso iniciar investigación preliminar contra otra parlamentaria, Cheryl Trigozo, por presunto delito de peculado doloso. La apepista habría utilizado a un trabajador de su despacho para gestionar contratos artísticos de la agrupación Sonido 2000 en horario laboral del Parlamento.
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