Richard Concepción: "Es un lujo tener a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación"

El juez Richard Concepción Carhuancho, conocido por dictar prisión preventiva a ex funcionarios involucrados en el caso Lava Jato, respaldó este lunes al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y señaló que este no puede ser objeto de denuncias por "cumplir su deber".

En diálogo con RPP, solo unas horas después de ordenar la prisión de cuatro empresarios involucrados en el caso Odebrecht, Concepción resaltó la experiencia y trayectoria del actual titular del Ministerio Público, quien desde el Congreso ha sido acusado constitucionalmente por Fuerza Popular.

"Respaldo al doctor Pablo Sánchez Velarde, es un jurista probo, es un lujo tenerlo como fiscal de la Nación, no existe motivo para acusarlo constitucionalmente por temas de cumplimiento del deber", expresó.

Aseguró, asimismo, que no actúa por presiones mediáticos o políticas, y que sus fallos se basan en elementos de convicción. "Tomo mis decisiones en función a lo que se lee en el expediente, me guío no por una justicia de carácter retórico  —es decir, por quien habla mejor— sino por una justicia probatoria", dijo.​

Consultado sobre los elementos que tomó en cuenta para recluir en un penal a personajes como el ex presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, el ex viceministro Jorge Cuba, entre otros, el magistrado aclaró que las decisiones las toma en relación a las pruebas que presenta la Fiscalía.

"En la Sala Penal Nacional trabajamos casos de criminalidad organizada, delitos sumamente graves, pero eso no implica que se dicte prisión preventiva (...) los jueces no podemos dictar prisión preventiva en base a corazonadas, tenemos que tener elementos que nos hagan suponer que se pueden ir del país (los investigados)", argumentó.

Precisamente, esta madrugada, Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva para los empresarios José Graña, Hernando Graña, Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo (de ICCGSA); mientras que a Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero) le impuso arresto domiciliario por su estado de salud.

Los empresarios son investigados por la Fiscalía, que los sindica de haberse coludido con el ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para pagar US$20 millones en sobornos al ex presidente Alejandro Toledo.