Rechazo total al proyecto de Perú Libre para controlar los medios

El proyecto de ley presentado por Perú Libre no solo busca controlar los medios de radio y televisión. Lo más alarmante es que la iniciativa impacta también en los medios de comunicación que usan el Internet para difundir información y, por ende, a todos los ciudadanos del país.

El descarado intento de atentar contra la libertad de prensa y de información, promovido por el congresista oficialista Abel Reyes, ha chocado con una muralla democrática integrada por casi todas las bancadas del Congreso, entidades como Transparencia, el Consejo de la Prensa Peruana y el Ipys. Incluso, el propio ministro de Relaciones exteriores, Óscar Maúrtua, criticó la propuesta.

“El proyecto de ley colisiona con fundamentos de carácter multilateral, como es la Convención Mundial de Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión, al igual que la Comisión Interamericana de DD.HH. Esto afecta los compromisos internacionales, con los cuales este gobierno está comprometido”, declaró el canciller desde los Estados Unidos.

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El presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Jorge Baca-Álvarez, marcó postura y dijo que “ya llegó el momento en el cual todos los peruanos debemos exigir del presidente un deslinde rotundo de estas cuestiones, que salen como aisladas pero que no lo son y que demuestran una amenaza contra las libertades”.

Además, en Canal N recordó que la Ley de Radio y Televisión se ampara en la Constitución y que en todo momento e, incluso durante un estado de emergencia, se mantiene la libertad de expresión sin ninguna forma de censura.

CONGRESO SE OPONE

Desde el Congreso se elevaron voces de rechazo ante la arremetida antidemocrática de la bancada oficialista. La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), y el líder de APP, César Acuña, rechazaron la iniciativa.

El congresista Carlos Anderson (Podemos)remarcó que está en contra de cualquier medida que atente contra los medios, “por el contrario, considero que el gobierno debería abrirle la puerta a la prensa y al diálogo con los ciudadanos a través de los medios”.

Desde Avanza País, el congresista José Williams acotó que la libertad de expresión jamás debe ser restringida y que el proyecto “es un peligro, pues el control del que hablan sería interesado, particularmente por las características que tiene Perú Libre y el gobierno. Mi rechazo es total”.

Por su parte, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, de Fuerza Popular, sostuvo que la iniciativa de Reyes atenta a toda luces contra la libertad de expresión y recordó que estos escenarios ya se dieron en el gobierno militar y así empezaron en Cuba y Venezuela.

“Hoy, ahí, nadie se puede expresar en contra del gobierno porque es perseguido. A todas luces es una iniciativa que no sirve. Además, le recomendaría a la gente de Perú Libre que se deje de perder el tiempo y empiecen a trabajar en sus regiones a favor del pueblo”, agregó.

LA SIP SE PRONUNCIA

Desde Argentina, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), mostró su preocupación a Perú21, pues las normas “no deben cercenar la libre expresión de la ciudadanía que usa las herramientas tecnológicas que da la telecomunicación para expresarse por redes sociales”.

En esa línea, recordó que “hay que estar alerta desde el primer indicio que surja, como es el caso. Los peruanos deben estar atentos a cuál es la real intención de estos legisladores porque muchas veces se plantean objetivos generosos pero, en realidad, esconden el veneno de la censura que puede llevar a una restricción grave de la libertad de expresión. Cuando eso ocurra, la posibilidad de frenarlo se hace tarde”, agregó.

Jornet agregó que en Nicaragua, Venezuela y en Cuba hubo proyectos similares por lo que instó a Castillo a firmar los convenios de Chapultepec y de Salta. “Esperamos que no ocurra lo mismo en Perú. Cualquier gobierno realmente democrático debería suscribirlos. Por otro lado, esos congresistas deben saber que hay otras posibilidades para que el Ejecutivo llegue con información certera, sin necesidad de tomar los medios o redes de comunicación”, remarcó.

TENGA EN CUENTA

• El Proyecto de Ley 269 le permite al Ejecutivo que “casos de emergencia” dicte medidas temporales que “deben ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones” y, además, podrá asumir de manera “temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicación cuando sea necesario”.

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