Pedro Castillo presenta el proyecto en medio de la difusión de una serie de actos de corrupción que lo involucran a él y a su entorno más cercano. (Foto: archivo Presidencia)
Pedro Castillo presenta el proyecto en medio de la difusión de una serie de actos de corrupción que lo involucran a él y a su entorno más cercano. (Foto: archivo Presidencia)

El Poder Ejecutivo envió formalmente al el proyecto de ley que busca crear el delito de la difusión de información reservada en investigaciones que se estén llevando a cabo en el , iniciativa que ha sido criticada por diferentes instituciones y gremios periodísticos.

El oficio enviado por el presidente de la República, , lleva también la firma del primer ministro, Aníbal Torres, y está dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

La finalidad es que la iniciativa legislativa incorpore en el Código Penal el delito de “difusión de información reservada en la investigación penal”.

Según precisa el documento, el objetivo es “salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y partes procesales”.

También manifiesta que se quiere garantizar que las investigaciones alcancen el fin de sancionar los delitos, restaurar lesiones causadas y asegurar la paz social.

Este proyecto de ley fue anunciado por el Ejecutivo en medio de la difusión de diversos testimonios por parte de colaboradores eficaces que implican al jefe de Estado, Pedro Castillo, y miembros de su entorno más cercano en supuestos actos de corrupción que son investigados por el Ministerio Público.

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Rechazan proyecto contra filtraciones

La Defensoría del Pueblo rechazó y mostró su preocupación respecto al proyecto de ley del Ejecutivo que plantea que se sancione la difusión de información reservada en investigaciones penales.

La institución aseguró que este planteamiento estaría buscando que se inhiba la colaboración de las personas que brindan esta clase de información a los medios de comunicación para difundirlo a la ciudadanía.

En la misma línea se han pronunciado gremios periodísticos que han calificado esta iniciativa gubernamental como un intento de mordaza que busca amedrentar a la prensa y a las fuentes de información reservada con las que pueden contar.

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