Los peajes arrollan a López Aliaga

Mucho antes de ser alcalde de Lima, Rafael López Aliaga era un conocido empresario que denunciaba a diestra y siniestra a toda persona que lo incomodara. En febrero de 2011, por ejemplo, Perú21 informó que el ahora burgomaestre había propiciado más de 170 demandas judiciales contra funcionarios y otros empresarios, y solo por esa revelación amenazó a la autora de la nota con querellarla.

Hoy, bajo su mandato, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) replicó esas prácticas, que han provocado un escándalo en fueros internacionales en el caso Rutas de Lima.

La irascible terquedad de López Aliaga por anular los peajes administrados por el referido consorcio ha llevado a la comuna a ser cuestionada en la Corte Permanente de Arbitrajes de la Haya (PCA por sus siglas en inglés) y hasta en los tribunales de Estados Unidos.

“El laudo arbitral lo desprecio absolutamente”, dijo ayer en RPP cuando fue consultado sobre los dos arbitrajes internacionales que ha perdido el municipio al intentar anular los contratos.

El primer caso fue en 2017, con la suspensión de los peajes ubicados en Puente Piedra, durante la alcaldía de Luis Castañeda Lossio; y el segundo fue por lo que dejó de ganar la empresa a partir de esa interrupción unilateral.

Y, pese a esas derrotas, la gestión del alcalde inició en 2023 una tercera contienda legal alegando que son “peajes de la corrupción de Odebrecht” —la misma razón por la que jueces extranjeros desestimaron las anteriores demandas— como si esta vez el resultado fuera a ser diferente.

Rechazo tras rechazo

En julio de 2023, López Aliaga anunció que la Procuraduría de la MML recusó a los tres miembros del tribunal arbitral por congelar la anulación del contrato con Rutas de Lima. Es decir, querían tumbarse a Luca Radicati di Brozolo, Elvira Martínez y David Arias.

Según el alcalde, se tomó esa decisión porque Martínez, la árbitra elegida por la misma comuna, pedía US$500 mil como honorarios. Y no fue la única acción legal, ya que la Procuraduría también denunció penalmente a los tres abogados.

“Al procurador de la municipalidad le apestó el tema y denunció penalmente a estos tres árbitros en Perú y, además, los recusó”, declaró la autoridad edil en Willax. Nuevamente, se usó la acción legal como ataque.

Ello motivó que Martínez Coco renunciara al tribunal. En ese mismo mes de julio argumentó que lo hizo para “con total libertad demostrar en sede penal la forma correcta en la que se ha actuado”.

Pero al menos una de esas pretensiones cayó en saco roto. En noviembre último, el secretario general de la PCA, Marcin Czepelak, desestimó la recusación al concluir que no existía ninguna prueba que confirmara que alguno de los árbitros actuó con parcialidad al suspender la resolución unilateral del contrato.

Y eso no fue todo. En diciembre pasado, esta noticia llegó a oídos de la jueza de Washington Ana C. Reyes, encargada del procedimiento de ejecución de los dos laudos arbitrajes que perdió la MML, quien quedó mortificada con el accionar de la municipalidad.

“Nunca antes había escuchado de algo como esto (la recusación contra árbitros)”, manifestó en una audiencia, según cita el portal especializado Law360. Sostuvo estar “más que preocupada” por la postura del municipio.

“¿Tengo que preocuparme de que se emita una alerta roja para arrestarme?”, insistió Reyes al hacer referencia a que podía ser la próxima denunciada si no se pronunciaba como quería la gestión de López Aliaga.

La magistrada adelantó que está en un “99.9%” convencida de que ratificará las sentencias, que obligarán a la Municipalidad de Lima a pagar US$181 millones y US$9 millones a Rutas de Lima, respectivamente, por violar el acuerdo comercial.

Además, sugirió a la defensa recomendar al municipio que evalúe bien si interpondrán una apelación porque con los intereses y costos adicionales podría perder otros US$100 millones más.

Perú21 consultó al municipio qué postura adoptará con estos reveses; sin embargo, desde el área de prensa no hubo respuesta al cierre de esta edición.

La autoridad edil va de derrota en derrota. Aunque esa situación no parece importarle. Ayer sostuvo que apuesta todas sus fichas al Tribunal Constitucional (TC).

El TC debe emitir una sentencia por un habeas corpus que interpuso un abogado para retirar las casetas del peaje de Puente Piedra.

Los arbitrajes están haciendo un severo daño a las arcas de la municipalidad, pero el costo más alto para los limeños resulta ser Rafael López Aliaga.

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