Roberto Pereira: “Congresistas tienen miedo de que los fiscalicen” | ENTREVISTA

Roberto Pereira, abogado penalista, advierte de los peligros que hay detrás de la aprobación en primera votación del proyecto de ley (PL) en el Congreso que aumenta las penas para el delito de difamación.

¿Qué le parece que el Congreso haya aprobado en primera votación el PL que endurece la pena por difamación?

Este proyecto contó con opinión en contra de la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio de Justicia. Lo que hace es aumentar la pena privativa de libertad para el delito de difamación, que normalmente era de 1 a 3 años, y ahora lo están aumentando entre 2 a 4 años, sin ninguna justificación. Yo diría que este proyecto de ley tiene una exposición muy pobre de motivos y hasta contradictoria.

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¿Cuál es el mensaje detrás?

Un amedrentamiento a la prensa. En algún punto de la exposición de motivos, lo que se señala es que se pretende corregir estos tipos penales, que no corrigen nada pero con un énfasis en los medios de comunicación. Se refieren a que los medios de comunicación vienen afectando el honor de las personas. Ya sabemos qué ha hecho la prensa en este tiempo: denunciar actos irregulares de los propios congresistas en su actuación parlamentaria. De manera tal, que, está clarísimo el mensaje; pero lo más importante es que este endurecimiento de la pena tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. En el fondo tienen miedo de que la prensa los fiscalice y denuncie.

¿Qué peligros se avizoran ?

Hace algún tiempo se activó la intención para desmontar todo el marco jurídico de garantía que tiene la libertad de expresión y que protege el trabajo periodístico. Aún hay varios proyectos que exigen la colegiatura de periodistas como un requisito para ejercer; y hay más, todos están dirigidos a limitar la garantía de la libertad de expresión que tanto ha costado construir y lo hacen porque la prensa los cuestiona cuando eso es parte de la democracia. Cuando uno decide terminar en política y ser un funcionario público tiene que asumir que será criticado por la prensa. En eso consiste la democracia y se comportan como actores antidemocráticos. Quieren mantener al periodista procesado para generar un efecto de autocensura para que la piensen dos veces antes de iniciar una investigación. Al final el perjudicado es el ciudadano porque no se enterará de lo que sucede. Lo que queda, si se aprueba en segunda votación, será enviar el caso al Tribunal Constitucional.

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