Poder Judicial denunció a exjuez supremo que habría intercedido en favor de exalcalde de San Borja

La Procuraduría del Poder Judicial denunció ayer a los exjueces supremos César Hinostroza y Manuel Quintanilla por presuntamente haber intercedido en favor del exalcalde de San Borja, el coronel EP (r) Marco Álvarez Vargas, por un caso de violación de derechos humanos.

La medida fue adoptada tras un informe publicado por Perú21 en el que se reveló que en unos audios en los que ambos exmagistrados son protagonistas, y que se registraron en junio de 2018, se conversaba sobre el apoyo que se daría a Álvarez rechazando un recurso interpuesto por la Fiscalía ante la Corte Suprema.

De acuerdo a la denuncia del procurador Marco Palomino Valencia, a la que accedió este diario, a Quintanilla le se imputan los delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias, mientras que a Hinostroza -sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto- se le atribuye cohecho activo y tráfico de influencias.

"Esta sospecha inicial simple es suficiente para formular la denuncia e iniciar las investigaciones preliminares y disponer que se lleven a cabo actos de investigación", se lee en el documento.

En ese diálogo, Quintanilla no hace otra cosa que coordinar con Hinostroza el voto en favor de Álvarez, a quien el Colegiado B de la Sala Penal Nacional había absuelto, el 8 de febrero de 2017, por la desaparición forzada de Lucho Manrique Escobar, ocurrida en 1989 en Huancavelica, cuando el exburgomaestra era jefe del Comando Político Militar de la zona.

El Ministerio Público interpuso un recurso de nulidad contra esa sentencia ante la sala suprema que precisamente integraba Quintanilla Chacón. Incluso comprometió el voto del juez supremo Jorge Castañeda, que también era miembro del mismo tribunal.

Castañeda, no obstante, ha rechazado haber participado de ese presunto favorecimiento, contó a este diario el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

De acuerdo a los registros de llamadas entre los celulares de César Hinostroza y el actual regidor de Lima, Marco Álvarez, hubo 31 comunicaciones entre ambos, entre enero de 2017 y marzo de 2018. En una de ellas, en enero de 2018, el entonces alcalde le explica al exjuez cómo se está procediendo para eliminarle una orden de ejecución coactiva.

Ahora es la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien debe disponer el inicio de las investigaciones pertinentes debido a las prerrogativas de las que gozan Quintanilla, quien renunció al cargo tras divulgarse uno de los audios, e Hinostroza por haber sido altos funcionarios.