Gobierno de Petro: Escándalos familiares y su benevolencia con los subversivos

A menos de cumplir un año como presidente de Colombia, el hijo y el hermano de Gustavo Petro son acusados de haber utilizado el nombre del mandatario para obtener beneficios personales, mientras que su gobierno ha propuesto una “paz total” con sabor a impunidad para los subversivos que ha generado rechazo en el país cafetalero.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario y actual diputado de la Asamblea del (departamento) Atlántico, reveló a la revista colombiana SEMANA que su excónyuge recaudó dinero de personas vinculadas al narcotráfico para financiar la campaña de su padre. Según Vásquez, Petro Burgos recibió 600 millones de pesos colombianos de “el Hombre Marlboro”, un exnarcotraficante. Sin embargo, dijo que ese dinero se lo quedó su exesposo. “Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros”, aseguró.

La Procuraduría de Colombia abrió una investigación y solicitó al Consejo Nacional Electoral informar si Petro Burgos aportó a la campaña de su padre, informó el semanario.

“Yo no lo crie”

Ante el escándalo, el presidente Petro pidió a la Fiscalía General iniciar las investigaciones correspondientes.

“Nos dicen que nos quedemos tranquilos, que la plata de los narcos no entró a la campaña porque su hijo se lo robó. Pero este es un hecho absolutamente grave porque no es aislado”, le dijo a Perú21 la senadora de Colombia Paloma Valencia, del partido opositor Centro Democrático.

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“Yo no lo crié, esa es la realidad”, fue la excusa del mandatario por los actos de su hijo. Para Valencia, la frase del presidente lo ha dejado muy mal parado. “Cuando uno es padre, independientemente de que se separe, tiene la obligación de criar a sus hijos”, señaló. Además, consideró que el mandatario “contradice las declaraciones de su propio hijo durante la campaña, cuando afirmaba que su padre lo llevaba a manifestaciones públicas desde que tenía cuatro años” y resaltó que Nicolás Petro “era encargado de toda la campaña en el departamento del Atlántico, donde habrían ingresado los dineros ilícitos”.

“Uno empieza a sentir que aquí hay mucho más que un escándalo de un hijo”, manifestó Valencia.

¿Paz con impunidad?

El año pasado, el Congreso colombiano aprobó una ley que autoriza al Ejecutivo negociar la paz con grupos subversivos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones disidentes de las FARC y otros grupos criminales. Petro llamó a esta política “paz total”.

Este proceso concede beneficios a grupos criminales que decidan deponer las armas y entregarse a la justicia. Las concesiones incluyen rebajas sustantivas de las penas, de manera que solo puedan cumplir entre 6 y 8 años de cárcel, mantener parte de la fortuna que se haya obtenido ilícitamente y no ser extraditados si revelan la ruta del narcotráfico. Estos beneficios han sido duramente criticados por sectores que consideran que Petro es muy benévolo con criminales que han desangrado por décadas a Colombia.

“¿Qué pretende hacer con el narcotráfico suspendiéndole todas las sanciones que hoy existen?”, cuestionó la senadora Paloma Valencia.

La “paz total” ya está en marca. En agosto de 2022, el gobierno solicitó a la Fiscalía General que suspenda las órdenes de captura y de extradición contra miembros del ELN. Y en febrero de este año, de las FARC.

Incluso, el propio hermano del presidente está envuelto en un escándalo relacionado a esta política. Juan Fernando Petro (JFP) es acusado de integrar una presunta red que habría ofrecido cupos a criminales presos a cambio de ingresar a la lista de beneficiarios de la “paz total”. Él negó las versiones, mientras que el mandatario ha solicitado a la Fiscalía –igual que con su hijo– iniciar las investigaciones correspondientes.

Juanita Tovar, periodista judicial en Colombia, señaló a Perú21 que “hay muchos vacíos jurídicos” en la propuesta del gobierno. Resaltó que “incluso el fiscal general se ha opuesto a la suspensión de órdenes de captura de criminales como alias ‘Gonzalito’, el líder del Clan del Golfo que estaría detrás del paro minero que vive Colombia en este momento”.

La periodista consideró que la población colombiana “no puede continuar siendo el comodín de una paz sin un sustento jurídico que garantice que los criminales cumplan su palabra de parar la guerra”.

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