La presidenta ha raspado lo poco que le queda de la olla. Y del concolón ha sacado un ministro. Uno que sabe a más de lo mismo. Juan José Santiváñez se convirtió ayer en el sexto ministro del Interior de una gestión que permitió que se incrementen la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la criminalidad, e irónica y tristemente, también, sus ministros de esta cartera, desconectada de la población hace muchos años.
Walter Ortiz ha renunciado. Lo ha hecho apenas horas después de asumir como suya la decisión de quitar el apoyo policial al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), en plena investigación contra el hoy detenido hermano de la mandataria, y dejando mal parado al premier Gustavo Adrianzén, quien en la víspera descartó enérgicamente ante la prensa que alguno de sus ministros vaya a dejar el cargo.
Se ha ido, como su antecesor, sin hacer nada por la lucha contra la criminalidad, y ensombrecido por su intrascendencia y su sometimiento a los intereses políticos de Nicanor Boluarte en la designación de prefectos y subprefectos. Una permisividad cómplice que duró 44 días. Se fue sin dejar claro los motivos de su salida.
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El Gobierno va ahí otra vez. Intentando con un nuevo ministro y sin estrategia, insistir en enfrentar a la inseguridad. Y ha recurrido a lo que tiene a la mano, a alguien que forma parte de la collera de su hermano, alguien quien hasta antes de las dos de la tarde de ayer era el viceministro de Orden Interno, y estaba al tanto del poder que ejerce Nicanor en esa cartera. Un abogado de impecable y amplio currículum, que, sin embargo, carga sobre sus hombros la defensa legal de sospechosos clientes involucrados en corrupción y crímenes que lo obligaron a interrumpir dos veces su carrera política.
EL ABOGADO DEL ESCUADRÓN
Al nuevo ministro parecen no importarle los antecedentes de quien defiende. En su lista de clientes estuvo el comandante PNP Raúl Prado Ravines, cabecilla del denominado Escuadrón de la Muerte, a quien no dudó en defender.
Esta red de aniquilamiento operó entre 2012 y 2016, estaba integrada por agentes policiales que se encargaban de ejecutar extrajudicialmente a sus víctimas. Santiváñez no pudo hacer nada por el hoy prófugo Prado, quien fue sentenciado a 35 años de prisión por homicidio calificado.
Experto en derecho penal, su trayectoria como abogado incluyó la defensa de policías involucrados en mafias como Los Babys del Fundo Oquendo y la red de protección ilegal al exasesor montesinista Oscar López Meneses.
Hace unos días, en una de sus últimas actividades como viceministro de Orden Interno lideró un operativo para capturar a policías corruptos.
El sucesor de Ortiz también fue asesor legal del general PNP José Figueroa, señalado de integrar Los Intocables Ediles, red criminal enquistada en la municipalidad de La Victoria.
Mientras el país sucumbe ante la inseguridad, el Ejecutivo apostará por su sexto ministro del Interior en 17 meses de gestión tras pasar por el cargo César Cervantes, Víctor Rojas, Vicente Romero, Víctor Torres, Walter Ortiz. Solo un ministro menos lo separa de los siete que tuvo en esa cartera el gobierno de Pedro Castillo, el compañero de Boluarte en la plancha presidencial de Perú Libre.
Horas después de asumir el cargo y poniéndose en línea con sus nuevos compañeros ministros, Santiváñez aseguró que el gabinete está firme porque está integrado por gente comprometida con la presidenta.
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