[Entrevista] Walter Gutiérrez: “Pedro Castillo le debe una explicación al país”

Walter Gutiérrez cumplió en setiembre pasado su mandato como defensor del Pueblo, cargo que ocupará hasta la designación de su sucesor por parte del Congreso. En vísperas de fin de año, recibió a Perú21 en su despacho para comentar, sin medias tintas, sobre nuestra azarosa coyuntura política.

¿Cuál es su balance del trabajo que ha realizado este año la Defensoría del Pueblo en defensa de la institucionalidad y los derechos humanos?

Creo que podemos dividir el año en dos. La primera etapa fue el proceso electoral, muy tenso, y donde la Defensoría, en más de una ocasión, se pronunció, por ejemplo, cuando demandamos o exigimos que se conozca el padrón, o también sobre los resultados y si hubo o no fraude. Ya en la segunda etapa, luego de propalados los resultados y asumido funciones el gobierno, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones. Puedo recordar el 6 de agosto, que, a través de un comunicado y en conferencia, le dijimos al presidente: “Usted tiene toda la facultad de nombrar ministros, pero esa facultad no es ilimitada; los ministros tienen que ser gente con experiencia, con formación técnica que, además, comprenda cuáles son las políticas públicas de Estado”.

¿Siente que el gobierno escuchó las recomendaciones respecto de la necesidad de contar con ministros idóneos para el cargo?

No, definitivamente no. El ministro de Energía y Minas no entiende el sector minero; el anterior ministro de Educación, y desafortunadamente este gobierno, le han hecho un daño terrible a la educación; el anterior presidente del Consejo de Ministros igual, el ministro de Defensa lo mismo, etc. Yo diría que el gobierno no ha comprendido que la eficiencia en la administración es un mandato constitucional y el presidente está obligado a honrar acciones y decisiones vinculadas a este mandato.

Ya se ha nombrado al nuevo titular del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la postura de la Defensoría sobre esta designación?

El exministro (Jaime) Saavedra ha señalado que estamos atravesando la peor crisis en los últimos 100 años en el sector Educación. Evidentemente tiene que ver con la pandemia, pero también con la manera como, desde el gobierno de Vizcarra hasta el gobierno de Castillo, han afrontado este problema, el de la pandemia relacionado a la educación. Ya tempranamente, en muchos países, se advirtió que la educación a distancia era un paliativo pero no solucionaba el problema. Hay muchos jóvenes que en estos dos años no han ido una sola vez a clase; de los 8 millones, menos del 10% ha ido a clases presenciales, o sea, 7 millones 200 mil nunca han pisado en estos dos años un aula. Quienes aprendieron a escribir en los últimos años anteriores a la pandemia han desaprendido, y quienes debieron aprender a leer y escribir no han aprendido. Creo que el ministro de Educación, salvo Cadillo que fue el primer ministro, no comprendió cuál es el valor del aula en el proceso educativo. Entre los 5 y 18 años, que es más o menos el periodo escolar, el daño que en estos seis meses se les ha hecho a los estudiantes es terrible, es gravísimo, y es inquietante que sea el gobierno de un profesor, al que lo único que le he escuchado sobre educación es que no está en la Constitución como derecho fundamental, cosa que, por lo demás, no es verdad.

Aparte de los llamados reiterados de la Defensoría, ¿qué puede hacer la ciudadanía para que el Estado y este gobierno cumplan con lo que se tiene que hacer en materia educativa?

Ahí tiene un papel importantísimo el Congreso porque tiene que llamar a los ministros y preguntarles cuáles son esos planes. La gestión pública pasa por su peor momento porque tenemos un ministro de Energía y Minas que no entiende el sector, un ministro de Transportes que está desmontando la reforma, al presidente que dice ‘no más pobres en un país rico’ y, sin embargo, 18 mil millones se han ido del país, 20 mil millones no se pueden ejecutar, los bienes suben; o sea, se ha multiplicado la pobreza, no se está multiplicando la riqueza; tenemos a un ministro de Educación que ya le acabo de decir el rosario de estropicios que ha generado y un ministro de Defensa cuya principal preocupación, junto con el secretario (de Palacio), aparentemente era ver cómo se ponía a determinados militares en el proceso de ascensos…

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Precisamente en este último tema, ¿cuál es su apreciación sobre este reconocimiento que hace el presidente ante la Fiscalía de los chats en los que se daban indicaciones para determinados ascensos?

Yo creo que el presidente le debe una explicación urgente al país en este momento, no solamente por el tema de los ascensos, sino también por las reuniones que se han dado en Palacio con un proveedor, con una persona que era lobista y, además, con el presidente de Petroperú, prácticamente a la misma hora ingresan, a la misma hora salen, y luego, la anulación del contrato; esto es realmente inquietante. Es preocupante que esta situación se haya dado, no solamente los ascensos, sino también el despacho paralelo que ha habido y que hasta el día de hoy no conozcamos cuál es la lista de visitas. El presidente no puede decir: “Yo me someto a las investigaciones”; ah sí, pero pongo un amparo, ah sí, pero atajo o detengo que ingrese la Fiscalía, ah sí, pero no doy la lista. Esta falta de transparencia viene a contramano de un mandato que es el mandato de lucha contra la corrupción como parte de nuestra Constitución. Si Ud. me pregunta qué me parece, me parece que el presidente le debe urgentemente una explicación al país sobre todos estos temas.

Explicaciones que se le han reclamado desde diferentes tiendas, pero el mandatario ni siquiera recibe a los periodistas o los convoca a una conferencia para aclarar esos aspectos…

Hace tres semanas, en la Defensoría, presentamos un informe sobre el estado de la libertad de prensa en el Perú. Había ocho indicadores y en los ocho salía jalado el gobierno encabezado por el presidente Castillo. Yo creo que el presidente no comprende –y quiero creer que ese es el problema, que no lo entiende, porque si lo entiende y con todo es contumaz, entonces ya estaríamos en otro escenario– cuál es su función, y no entiende cuál es el papel de la prensa. La prensa es un contrapoder, es un puente, un vehículo para transmitir la información, la actuación del poder público y servir de control a ese poder público. Parece que el presidente comprende que dar entrevistas es algo así como hacer un favor. No, señor, eso es en otro tipo de regímenes; en la democracia está obligado a dar una entrevista, a hacer conferencias de prensa, a someterse al escrutinio de los medios.

Un tema sobre el cual formula reiteradamente alertas la Defensoría del Pueblo son los conflictos sociales. La primera ministra ha señalado que en este gobierno no se ha matado gente y que están atendiendo los conflictos de manera dialogante. ¿Tiene esa misma percepción?

Nosotros tenemos un documento que se llama El Valor del Diálogo, en que ponderamos la importancia del diálogo como mecanismo de solución de conflictos; nadie le puede dar a la Defensoría consejos sobre la importancia del diálogo porque tenemos más de 16 años en todo lo que es el seguimiento de los conflictos. Dicho esto, nos preocupa, por ejemplo, que desde 2017 el Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Secretaría de Gestión y Diálogo hayan tenido 8 viceministros y 13 secretarios. Con esa movilidad es imposible tener una institución estructurada, con funcionarios capacitados, generación de conocimiento, institucionalidad. Si usted no puede siquiera articular esa oficina, ¿cómo va a hacer frente a los conflictos? Y si me pregunta cuál es la política de prevención y gestión de conflictos de este gobierno, bueno, yo no la conozco, y si existe, hacen grandes esfuerzos por ocultarla porque nadie la conoce, no existe eso (...). Una cosa es que (este gobierno) no haya matado nadie y otra cosa es que hayan dejado morir. Han muerto 16 personas, no en el conflicto, pero cuando se han cerrado las vías, los trabajadores han tenido que salir por otros caminos arriesgando sus vidas y varios la han perdido, eso no se dice…

Le pregunté qué puede hacer la ciudadanía para que haya una gestión eficiente del Estado en educación y mencionó al Congreso. ¿Cuál es su evaluación sobre el desempeño de este Parlamento que ha aprobado normas contra las reformas en transportes o educación o tiene proyectos contra la Sunedu?

Creo que el Congreso puede hacer cosas muy importantes. Me habría gustado que apruebe la ley que presentó la Contraloría para establecer perfiles y filtros para la designación de funcionarios y no nombrar a funcionarios como los de Essalud o el Indecopi, que son personas que no tienen ninguna experiencia y van a aprender a instituciones muy importantes; nos habría gustado que aprueben el proyecto de la Defensoría para establecer estándares para la elección o designación de ministros y no tengamos los ministros que estamos viendo; me habría gustado que aprueben la ley del Consejo de Estado… en esos tres, desafortunadamente, el Congreso no ha cumplido su papel.

Usted ya cumplió su mandato y el Congreso elegirá a su sucesor. ¿Se va satisfecho? ¿Siente que algo le faltó, algún apoyo, quizás en materia legislativa, que pueda optimizar el trabajo de la Defensoría?

Como decía José Carlos Mariátegui: yo he nacido para votar en contra y he nacido para estar insatisfecho, yo no me voy satisfecho. Me voy con una buena cuota de frustración porque trabajar en el Estado es muy complicado, pero al mismo tiempo me voy con la satisfacción de dejar una institución robusta, no por mí, sino por la trayectoria y el capital humano que tiene. Esta es una institución robusta, madura, que tiene ya una trayectoria ganada, y estoy seguro de que cuando yo no esté aquí, va a seguir haciendo su labor igual o mejor todavía.

Tenga en cuenta

• Walter Gutiérrez Camacho es abogado con un diplomado y Programa de Especialización en Derechos Humanos. Fue decano del Colegio de Abogados de Lima y presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en las elecciones presidenciales de 2016.
• “El nuevo defensor tiene que ser independiente, ingrato con quienes lo eligieron, porque es muy probable que tenga que ir a contramano en muchas cosas que ellos van a plantear, y conocer a la institución y tener una mirada clara respecto al rol e importancia de los derechos humanos”, afirma.
• Libertad de prensa. “Los medios de comunicación son un medio entre la ciudadanía y el poder; no están para que lo alaben o le pasen la mano por la espalda, sino para ser incómodos. Esa es la naturaleza de la prensa, y el presidente Castillo tiene que comprender eso”.
• Conflictos sociales. “Desafortunadamente, el gobierno tampoco tiene un diagnóstico y una política en conflictos. Me temo que va a suceder (en Chumbivilcas) lo mismo que pasó con el señor Bellido, simplemente un parche para que luego explote de manera más complicada”.

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