“La norma estaría creando un privilegio a favor de determinados medios de comunicación y eso sería totalmente ilegal”, precisó el abogado Enrique Ghersi. (photo.gec)
“La norma estaría creando un privilegio a favor de determinados medios de comunicación y eso sería totalmente ilegal”, precisó el abogado Enrique Ghersi. (photo.gec)

El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso de la República, que modifica diversos artículos de la ley que regula la , con el fin de obligar a las entidades del Estado a contratar medios de comunicación privados -radio y televisión- que operen en distritos, provincias y regiones que tengan no menos de un 50% de programación local podría ser observada por el Poder Ejecutivo y, eventualmente, llegar hasta el .

La advertencia fue hecha por el abogado , quien, en declaraciones a Perú21, sostuvo que la medida constituiría “una violación a la Ley de Contrataciones del Estado porque se dirige la compra de un servicio hacia un determinado tipo de empresas creando un privilegio legal anticompetitivo”.

Acotó que un segundo problema con esta disposición es que, en muchos casos, las instituciones son de carácter nacional y requieren de publicidad que tenga ese mismo nivel de cobertura, por lo que no puede limitarse la publicidad a medios de comunicación de ámbito local.

“Y en tercer lugar, si dices que solo se puede contratar con medios de comunicación que tengan más del 50% del mercado de su localidad se estaría, eventualmente, creando un oligopolio, un monopolio legal que está prohibido por la Ley de Radio y Televisión”, precisó.

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Bajo esas consideraciones, Ghersi estimó que “lo más probable” es que el Poder Ejecutivo observe la autógrafa de ley porque, insistió, “se estaría creando un privilegio a favor de determinados medios de comunicación y eso sería totalmente ilegal”.

“Creo que el gobierno la va a observar y si el Congreso insiste en aprobarla no me extrañaría que esto termine en el . Es una norma que hay que pulir un poco, no me parece que vaya a pasar por el tamiz del TC; hay inconstitucionalidades evidentes”, remarcó.

El jurista añadió que para evitar estas situaciones, lo que se debería aplicar son las normas relativas a la contratación con el Estado. “El gran problema en estos casos es la demagogia. A la hora que se trata de crear normas ad hoc, lo que está creando son privilegios para determinados grupos empresariales. Lo que queremos todos es una economía de mercado que funcione en igualdad de condiciones y con criterios de competencia, esta norma no garantiza el funcionamiento de una economía de mercado con criterios de competencia, es todo lo contrario. Favorece a medios locales quitándole a medios nacionales y eso es inconstitucional”, subrayó.

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