Dina Boluarte evitó pronunciarse sobre si asumiría la Presidencia en caso de aprobarse la vacancia de Pedro Castillo en el Congreso. (Foto: archivo GEC)
Dina Boluarte evitó pronunciarse sobre si asumiría la Presidencia en caso de aprobarse la vacancia de Pedro Castillo en el Congreso. (Foto: archivo GEC)

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió por mayoría, con 13 votos a favor y 8 en contra, archivar la denuncia contra la vicepresidenta , a quien se le acusaba de infringir la Constitución debido a un conflicto de intereses ante los actos que ejerció en representación del Club Departamental Apurímac ante la Municipalidad de Lima cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Votaron a favor del archivamiento el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático, Perú Libre, Integridad y Desarrollo, Acción Popular, Juntos por el Perú y Somos Perú. Se opusieron Fuerza Popular, Renovación Popular, APP y Avanza País.

La congresista Norma Yarrow (AvP), integrante de la SAC y una de las autoras de la denuncia, dijo a Perú21 sentirse desilusionada por el resultado y lo adjudicó a un mal cálculo político ya que la sesión se programó durante la semana de representación y por ello no se realizaron las coordinaciones necesarias. En efecto, presencialmente solo fueron tres congresistas: Susel Paredes, la presidente de este grupo de trabajo Lady Camones y Yarrow.

Por su parte, desde Acción Popular, cuyos tres votos inclinaron la balanza a favor del oficialismo, el parlamentario José Arriola reiteró a este diario que no hay infracción y que la denuncia fue presentada por una “calentura” de la oposición. Además, consideró que Dina Boluarte no representa necesariamente el continuismo en caso de que el presidente Pedro Castillo sea vacado del cargo porque ha mostrado “gestos de desprendimiento”.

Futuro de la denuncia

El informe que recomienda el archivamiento de la denuncia pasará ahora a la Comisión Permanente, donde deberá ser ratificada. Sin embargo, si sus integrantes no están de acuerdo, podrían devolver el informe a la SAC y, en ese caso, le correspondería a Camones nombrar a un nuevo delegado del caso para reiniciar todo el proceso nuevamente.

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