En su mensaje ante el Congreso, Castillo dijo que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el TC y la Defensoría del Pueblo tienen "problemas de legitimidad".
En su mensaje ante el Congreso, Castillo dijo que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el TC y la Defensoría del Pueblo tienen "problemas de legitimidad".

El último martes, dio un mensaje ante el Congreso y cuestionó los “problemas de legitimidad” de diversos organismos de justicia y de la . Además, indicó que tienen “autoridades con mandatos vencidos” o “ni siquiera tienen el quórum para funcionar”.

Ante el directo señalamiento a la Defensoría del Pueblo, cuyo nuevo representante para el período 2021-2025 ya debió ser elegido, la institución emitió un pronunciamiento, en el respondieron el cuestionamiento a la legitimidad de otros poderes del Estado y de instituciones constitucionales autónomas.

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En el documento, la Defensoría resaltó que “no ha promovido, ni promueve la vacancia presidencial”. Indican que “cumpliendo su mandato, previsto en el artículo 162 de la Constitución, ha realizado una serie de supervisiones y formulado recomendaciones en materia de salud, educación, prevención de la violencia contra mujeres y niñas, personas con discapacidad, entre otros aspectos, que claramente no han sido atendidas”.

Asimismo, señalan que “el presidente de la Republica viola de forma recurrente la Constitución, situación prevista en su artículo 100. Ello ha quedado evidenciado en las agresiones constantes a la libertad de prensa, en la vulneración del derecho a la igualdad de las mujeres y protección de la infancia, en la lesión del principio de transparencia, y en el incumplimiento del deber de buena administración, entre otras situaciones”.

La Defensoría aprovechó, además, para exhortar al Ministerio Público, en una correcta interpretación del artículo 117 de la Constitución, debe investigar al presidente Pedro Castillo sin esperar a que su mandato concluya, debido a las declaraciones y hechos que lo vincularían con hechos de corrupción. “Insistimos que postergar los actos de investigación afecta la posibilidad de encontrar la verdad y perjudica la lucha contra la corrupción”, indican.

“En su discurso el presidente de la República indicó que no blindará a ningún corrupto; sin embargo, su gestión se ha caracterizado por una consistente falta de transparencia y no se aprecian cambios a favor de un mayor escrutinio público de sus actuaciones”, resaltan. En esa línea, expresan que “a la fecha, no ha indicado expresamente que cumplirá con la decisión del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que exige al Despacho Presidencial de reportar qué reuniones habría sostenido en la vivienda del pasaje Sarratea, en el distrito de Breña”.

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“El mandatario afirma que ha cometido errores durante su gestión, pero no señaló cuáles son, ni cómo procederá a corregirlos. Por el contrario, en los últimos días, las actuaciones del Gobierno, lesivas de principios y derechos constitucionales, se han agudizado”, se lee en el documento.

La Defensoría también condenó “las conductas hostiles contra los medios de comunicación, afectando la libertad de expresión”. “Tampoco se ha respetado el principio de buena administración, pues se mantiene en funciones a ministros y altos funcionarios públicos que claramente incumplen con las mínimas exigencias de idoneidad para el ejercicio del cargo”, dice el comunicado.

“Es oportuno señalar que el defensor del pueblo, que ha concluido su periodo, podrá continuar en funciones hasta que el Congreso de la República elija a su reemplazante. Sin embargo, la mencionada situación puede variar conforme a la decisión de renuncia del titular”, expresaron en referencia a una reciente entrevista a Walter Gutiérrez, actual defensor del pueblo, donde resaltó que “no pretende quedarse en el cargo”.

La Defensoría del Pueblo resaltó que no ha excedido sus competencias. “Todos los señalamientos a la actuación del Gobierno responden a nuestra obligación constitucional de proteger los derechos de la población y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal”, expresan y lamentaron “que el presidente de la República desconozca nuestras atribuciones constitucionales y nuevamente demandamos reconduzca su actuación”.

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