César Nakazaki: “La JNJ no designó buenos jueces y fiscales”

Sobre José Luna, usted se preguntaba si el miembro de la Comisión Permanente no puede votar porque ya votó o por el cargo que tiene.

La prohibición de que un miembro de la Comisión Permanente participe en el Pleno no es por el cargo, sino porque ya debería haber votado aprobando que se presente la acusación constitucional. Por eso, me parece correcto el acuerdo de Junta de Portavoces de hace años, en el que se establece que si el miembro de la Comisión Permanente no vota, queda habilitado, porque hay el principio del Pleno. O sea, siempre hay que asegurar el quórum para que puedan darse las votaciones. Ese es el principio más importante del Parlamento.

De Inés Tello dijo: “Un juez que solo dicta sentencias condenatorias no es un buen juez”.

Es fruto de mi experiencia como defensor, cuando ella participaba junto con la doctora Inés Villa, las dos Inés. Eran el corazón del sistema anticorrupción a cargo de los procesos del expresidente Fujimori. Alguna vez les dije, con ironía, que parecían un imán de culpabilidad, porque, siendo dos juezas honestas, todo el que llegaba a su tribunal era condenado. De lo que conozco, siempre emitieron sentencias condenatorias y nunca absolutorias. Cuando a todos los declaran inocentes o culpables, hay un problema de falta de independencia o de imparcialidad. El hecho de que ahora tenga una coyuntura específica en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no hace olvidar cuál fue su trayectoria como jueza. Honesta, sí, pero con problemas de independencia e imparcialidad, a mi modo de ver.

¿Fueron justas las inhabilitaciones de miembros de la JNJ?

Yo hubiera emplazado a la JNJ porque no garantizó la designación de buenos jueces y fiscales. En los concursos que he apreciado, porque ahora se televisa, observo que han hecho un sistema con la intervención de asesores. Los mejores jueces no son designados jueces supremos. Y otros de un nivel muy inferior sí lo son. El segundo tema que nunca hicieron fue revisar las decisiones cuestionadas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Porque el CNM se cerró porque se convirtió en una especie de sastrería. Se designaban jueces y fiscales a la medida de grupos de interés. Entonces, la JNJ no cumplió ninguna de sus dos misiones centrales: designar buenos magistrados y revisar lo malo del CNM. Habría preferido inhabilitarlos por eso y no por temas que no tenían la misma importancia.

Se polarizó y politizó.

Es una batalla ideológica. No hay un verdadero propósito de modificar y mejorar el sistema de elección de magistrados. Para mí no debería ser la JNJ sino una Escuela de la Magistratura, donde para ser juez y fiscal haya que realizar un posgrado. Y los mejores estudiantes, tipo España, por ejemplo, sean los jueces y fiscales. En lugar de sistemas de designación sin ningún criterio. El problema fundamental, que es la metodología de designación de jueces y fiscales que tenía el CNM, se repitió con la JNJ. Me da mucha pena que tanto esfuerzo, energía e interés de la opinión pública no trate de los temas centrales de la JNJ.

Regresó el Senado…

Siempre he preferido una cámara bicameral a una cámara unicameral. En la tradición del derecho parlamentario, ha funcionado siempre mucho mejor. Los grandes Congresos del mundo siempre han sido con dos cámaras y funciones distintas.

Ha advertido los límites de la denuncia periodística en el caso de Alberto Otárola.

¿La denuncia periodística tiene suficiente evidencia para suspender a una fiscal de la Nación, destituir a un funcionario o llevarlo a la renuncia? Hay que analizar esa herramienta para utilizarla adecuadamente. En el caso de Otárola, arrancamos en la mañana con una denuncia que eran las grabaciones de las conversaciones con la señorita Pinedo. Pero en la noche, con la entrevista que ella da, nos cambia completamente la versión.

Hay un fin político más que legal, porque ni siquiera se sabía la fecha del audio o video.

Pero tenía mucha, mucha relevancia. Una cosa es que un abogado quiera enamorar, y podemos discutir la forma, a una señorita. Y otra cosa es que un premier o un ministro lo quiera hacer.

¿Qué hacer en la Fiscalía?

Recomponer la Junta de Fiscales Supremos. No sabemos si regresan Patricia Benavides o Zoraida Ávalos. Mientras, el fiscal de la Nación tiene que superar los problemas internos y la organización de las investigaciones. Muchos de los temas que menciona Jaime Villanueva no son delitos. El mejor ejemplo de un colaborador eficaz fue Matilde Pinchi Pinchi. Ella recién salió a la luz cuando acabó el procedimiento de colaboración eficaz. Brindó su información, la corroboraron, se celebró el acuerdo y fue aprobado por el juez. Dio la cara y salió con nombre y apellido. No apareció la declaración de los aspirantes sin corroborar ni nombres con clave. Esa es una deformación generada durante el gobierno de PPK, en un reglamento siendo ministra de Justicia mi buena amiga Marisol Pérez Tello. Un gravísimo error. Usar declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz sin corroborar distorsionó las colaboraciones eficaces.

¿Sigue el TikTok de Fujimori?

Tiene un diagnóstico psiquiátrico de depresión severa. Reencontrarse con el cariño del pueblo le hace bien. Y quiere hacer la defensa pública de su obra. Dicen ya no usa cánula, pero el indulto no solo es para un moribundo. Es también para un enfermo que ya no puede estar en la cárcel, porque le quita salud. Por su fibrosis pulmonar tiene un diagnóstico reservado.

Conoce a Gustavo Adrianzén...

Ha sido mi alumno en la Universidad de Lima. Le deseo lo mejor como premier. Su mayor mérito fue la defensa del caso Chavín de Huántar. Y luego el tema de la OEA. Es un abogado formado, tiene el peso necesario. Está en la línea del premier Otárola.

¿Cómo van los casos de Susana Villarán y PPK?

El de Villarán está en etapa intermedia. El control de acusación demora. La pelota está en la cancha del Poder Judicial. Lo de PPK es un abuso. Fui abogado suyo. Parece que como los casos se van cayendo, le abren más. No tiene sentido. La idea es que PPK muera enjuiciado. Ojo: este martes 11 de marzo es la audiencia en las que se ve si se revoca el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata.

Es abogado de expresidentes. ¿Qué le diría a Boluarte?

La presidenta puede ordenar que las fuerzas del orden vayan a contener la violencia, porque no era una protesta, sino una expresión de violencia generalizada, a mi modo de ver, sistemática y organizada, que requería ser controlada con medidas excepcionales por la Policía y la Fuerza Armada donde corresponda. La decisión sí es de la presidenta. Pero el cómo se realiza eso no lo decide ella. Ni siquiera el ministro de Defensa. Es competencia exclusiva de los policías y militares formados para determinar cómo se cumple. Pretender responsabilizar penalmente a la presidenta por el cómo de la actuación de las fuerzas del orden —lo sostuve en el caso del presidente Fujimori y sigo coherente— no es competencia de los presidentes, ni siquiera de los ministros de Defensa. Ellos solamente toman la decisión política.