Luz verde. Con 15 votos a favor y seis abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación de la denuncia constitucional contra los congresistas del caso ‘Los Niños, Jorge Luis Flores Ancachi, Raúl Felipe Doroteo, Elvis Vergara y Darwin Espinoza, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. A inicios de año, se recuerda, fueron blindados en el Pleno tras ser denunciados por el delito de organización criminal.
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La presidenta de la Subcomisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, explicó en conferencia de prensa que se trata de una denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que fue aprobada solo por el delito de tráfico de influencias agravado, porque es lo que recomendó el informe de calificación. En ese documento, precisó, se descartó el delito de organización criminal.
En marzo de este año, el Pleno blindó a esos cuatro congresistas denunciados por el delito de organización criminal. Se necesitaban 52 votos, pero no se alcanzó. La votación se produjo, uno por uno, de la siguiente manera: Doroteo, 44 en contra, 37 a favor y cuatro abstenciones; Espinoza, 43 en contra, 37 a favor y cinco abstenciones; Flores, 43 en contra, 37 a favor y cuatro abstenciones; y Vergara, 42 contra, 39 a favor y cuatro abstenciones.
Informe de calificación de la denuncia constitucional por tráfico de influencias, contra cuatro ‘niños’, aprobado en la SAC.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Según la denuncia a la que tuvo acceso Perú21, los cuatro congresistas denunciados y el empresario Alexander Felipe Quispe Aguilar “habrían permitido que los primeros invoquen ante el segundo en mención, tener influencias reales sobre el Ministerio de Transportes, Pro Vías Nacional, en cuyo sector se venían conociendo los procedimientos de contratación pública en los que participaban las empresas vinculadas a Aguilar Quispe y a su hermano Roberto Jesús Aguilar Quispe, consorciados con empresas chinas, ofreciéndoles interceder ante dichos funcionarios a cambio de beneficios económicos”.
A diferencia de la denuncia anterior en la que fueron blindados, esta nueva denuncia incorpora sus interferencias en el Ministerio de Vivienda. En esa cartera, los cuatro habrían ofrecido a Juan Andrés Bustamante Encinas, Ángel Roberto Quezada Tomás, Zaira Steffi Vásquez Vargas, Carlos Alfredo Yactayo Aramburú, Gilmer Alfredo Ávila Calderón y otros, “interceder ante los funcionarios del Ministerio de Vivienda, que habrían conocido directa o indirectamente los procedimientos administrativos de nombramiento de personal de confianza en entidades adscritas a dicho sector, como es el caso de Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) y Programa de Agua Para Todos”.
