Aníbal Quiroga: “Un sector de caviares quiere mantener el status en la Defensoría”

La medida cautelar del Poder Judicial (PJ) que ordena suspender provisionalmente el proceso de elección del nuevo Defensor del Pueblo -a cargo de una comisión especial del Congreso- carece de sustento, sostuvo el constitucionalista Aníbal Quiroga, quien denunció que detrás de esta medida estaría “un sector político de los caviares que ya perdió el Tribunal Constitucional y ahora quiere mantener el status en la Defensoría”.

Ayer, el Poder Judicial acogió una solicitud cautelar planteada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que objeta la participación en el proceso de elección de la titular del Congreso, María del Carmen Alva. Alega el gremio que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Defensoría, la comisión evaluadora de candidatos debe tener entre 5 y 9 miembros y con la intervención de Alva este número se eleva a diez.

El PJ recoge esta observación pero, además, da cuenta de la presunta “falta de inclusión de etapas para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el procedimiento” de elección.

En entrevista con Perú21, Quiroga precisó que constitucionalmente la elección del Defensor del Pueblo le corresponde al Parlamento y agregó que de existir una vulneración de la norma sería este el que debería resolver el tema internamente.

“Esto se inscribe en una práctica nociva y perniciosa del Poder Judicial de paralizar procesos en los que no tendría por qué intervenir. Ahora, de manera correcta e impropia, da esta medida cautelar que no tiene sustento real porque (la elección) es atribución del Congreso. ¿Qué hace el Poder Judicial metiéndose en el tema? Y claro, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo parecería que no quiere recambio, que está contento con la defensora (Eliana Revollar) que no ha sido elegida por el Congreso sino con el dedito por el señor (Walter) Gutiérrez. Parecería que al sindicato ese statu quo le conviene, no quiere que haya elección del Congreso, pero eso es inconstitucional”, subrayó.

Agregó que el control judicial no puede intervenir en temas políticos en tanto no haya afectación a un derecho fundamental. “El amparo ha sido hecho para defender los derechos fundamentales. Mi pregunta es: ¿a quién se le afecta el derecho fundamental con este procedimiento? ¿Al sindicato? Lo que hay detrás, en verdad, es que un sector político de los caviares ya perdió el Tribunal Constitucional y quiere mantener el status en la Defensoría del Pueblo; ese es el tema”, indicó.

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Quiroga, además, cuestionó que el PJ invoque un principio de transparencia “como si la elección fuera un derecho constitucional cuando no lo es”, y apoye la resolución cautelar en una opinión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “¿Cómo un fallo judicial se apoya en la opinión de una comisión cuya opinión no es vinculante?”, se preguntó.

Agregó que lo que correspondería ahora es que el Congreso “apele la decisión judicial, queje al juez y le pida cuentas a la presidenta del PJ (Elvia Barrios) que se pasea por todos lados pidiendo que se reúna un Consejo de Estado que no está en la Constitución, pero no controla los temas del Poder Judicial”, reclamó.

En el Congreso, en tanto, parlamentarios de distintas bancadas se pronunciaron en contra de la medida cautelar. Martha Moyano, de Fuerza Popular, dijo que esperará las acciones que tomará el procurador del Parlamento, mientras que otros como Alejandro Cavero, de Avanza País, denunciaron una intromisión inconstitucional por parte del Poder Judicial en la labor del Congreso.

Hasta el momento, sin embargo, no hay un pronunciamiento oficial de la institución sobre el tema.

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