Amenazan de muerte a mujer torturada por Gregorio Santos

Un grupo de desconocidos amenazó de muerte a Petronila Vargas Santa Cruz, la mujer que denunció por secuestro y tortura al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, implicado, además, en el asesinato de Eliseo Vargas, padre de Petronila, hecho que ocurrió en la provincia de San Ignacio.

"Justos pagarán por pecadores", le advirtieron los sujetos a la mujer si es que no retiraba o desistía de la denuncia a la autoridad regional y a sus coacusados Ydelso Hernández y Elianita Zavaleta García.

Tal como informó Perú21, Vargas fue secuestrada y torturada en 2005, luego de un "juicio popular" encabezado por el dirigente rondero Gregorio Santos. El padre de Petronila corrió peor suerte pues su cuerpo apareció al borde de un río, también con evidentes signos de tortura.

LES IMPIDE ACERCARSEDebido a esta intimidación, Javier Adrianzén, abogado de la citada denunciante, le solicitó al fiscal Erland Sánchez –titular de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de San Ignacio– que le pida al juez del proceso que emita una disposición para impedir que los tres implicados en esta investigación se acerquen a la casa de Petronila Vargas "en un radio de 100 metros a la redonda".

En caso contrario, sugiere el letrado, "se les revocaría la comparecencia restringida –de la que gozan Santos, Hernández y Zavala– por la de prisión preventiva".

PLAZO A LA VISTASobre este caso, cabe recordar que el 30 del presente mes termina el plazo para que el fiscal de San Ignacio decida si acusa o no a la autoridad regional y a sus cómplices por los mencionados delitos.

El abogado de Petronila Vargas aseguró que si el Poder Judicial admite la denuncia al presidente regional cajamarquino, solo habría que esperar el plazo para que se inicie el juicio oral en un periodo máximo de dos meses.

TENGA EN CUENTA

- Los 25 de cada mes, Gregorio Santos y sus coacusados viajan a San Ignacio para firmar el libro de procesados.

- Petronila Vargas vive en un caserío del distrito de Huarango, en San Ignacio. Poder Judicial ordenó que se someta a un tratamiento.