Tiene 109 días en el cargo, 67% de desaprobación ciudadana según la última encuesta de Ipsos, varias denuncias de inconducta ética en su contra y una evidente tirria a los medios de comunicación —”poco o nada me interesa lo que ellos digan, los periodistas no votan en el Congreso de la República”, ha dicho—, por lo que se ha convertido en un personaje anodino pese a ostentar el más alto cargo del Congreso de la República, que bajo su gestión registra un nivel de rechazo que llega ya al 82%.
Alejandro Soto Reyes, abogado cusqueño de 63 años, cumplió el 3 de noviembre último, sin pena ni gloria, 100 días como presidente del Poder Legislativo, tiempo durante el cual ha mantenido al Parlamento prácticamente en ‘modo avión’, con sesiones semipresenciales del Pleno y las comisiones, sin impulsar la aprobación de ninguna reforma política trascendente, encarpetando informes de la Comisión de Ética que recomiendan la suspensión de algunos de sus colegas —como los hermanitos Luis y María Cordero Jon Tay y Katy Ugarte— y dando luz verde, sin vergüenza, a viajes innecesarios como el realizado por 13 parlamentarios a Rusia, en octubre pasado.
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Esto último quizás para congraciarse con las bancadas de las que salieron los votos que lo han salvado hasta en dos ocasiones de investigaciones por falta ética: una por la contratación de su cuñada y otra más por utilizar a los trabajadores de su despacho para atacar a sus detractores a través de las redes sociales.
Una tercera denuncia, sin embargo, —esta vez por impulsar el debate y aprobación de la Ley Nº 31751, que luego le permitiría evadir una pena de cárcel de ocho años por delito de estafa— sigue su curso en la Comisión de Ética, ante la cual el legislador de Alianza para el Progreso deberá dar sus descargos dentro de unas dos semanas, anticipó a Perú21 el titular de ese grupo de trabajo, Diego Bazán.
El informe final sobre el caso, estima el representante de Avanza País, estaría listo dentro de un mes y medio, es decir a mediados de diciembre, coincidiendo casi con el fin de la legislatura. Así las cosas, y con el conocido gusto de Soto de enviar los expedientes de Ética a la congeladora, cabe preguntarse si una eventual recomendación de sanción será tramitada a tiempo o quedará, como es previsible, encarpetada hasta nuevo aviso.
Sabía que
En agosto pasado, el Ministerio Público abrió una investigación en contra de Soto por presunto delito de concusión tras conocerse los chats en los que sus trabajadores coordinan para financiar publicidad a su favor.
Durante su gestión se ha aprobado la ley que debilita a la Sunedu y promueve la contrarreforma universitaria.
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