El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para modificar el Código Penal y ampliar el concepto de funcionario público, con la finalidad de contar con un marco legal fortalecido para luchar contra la corrupción.
La propuesta considera funcionarios a quienes están comprendidos en la carrera administrativa y a los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular.