Hace un año, el 6 de diciembre de 2022, el Perú se preguntaba si había 87 votos para vacar a . No había consenso entre políticos, opinólogos y congresólogos de calculadora. Ante la incertidumbre, los más serios e inteligentes, evaluaban escenarios y opinaban con cautela; otros, más apresurados, quizás buscando un like, Yape o Plin, afirmaban que los números no cuadraban. Los cómplices del golpista no tenían opción: debían salir a decir que la vacancia no prosperaría. Quienes hicimos el trabajo político de buscar firmas y votos, sabíamos que habíamos superado el umbral de los 87. Al final, lo decisivo fue que Pedro Castillo también lo sabía, y seguramente alguien más de su entorno. Discusión zanjada.

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Fueron varios los factores que llevaron al desenlace del 7 de diciembre. El golpista y su séquito se levantaban en peso al país, acumulaban escándalos de corrupción, destapes periodísticos y carpetas fiscales. Él era investigado por la Fiscalía de la Nación y la Comisión de Fiscalización del Congreso, con denuncias constitucionales en marcha. Pero sin la moción de vacancia 3.0 pendiendo sobre su cabeza, ni la más asombrosa confesión de un colaborador eficaz habría forzado su salida del cargo. No habría dado el golpe y sería aún presidente del Perú. Verdad indiscutible.

La moción de vacancia 3.0 fue fruto de un año de trabajo estratégico: desde su concepción y elaboración hasta su socialización al público y la prensa, pasando por la búsqueda de aliados, entre congresistas, voceros de bancadas y líderes partidarios. No fue fácil convencer a la oposición (“que se queme el caviar”, decía algún desubicado); menos, conseguir voluntades castillistas; tampoco fue sencillo quebrar el voto de ‘Los Niños’. Previo a la vacancia 3.0, el golpista y su gobierno amenazaban al Congreso y enfrentaban al país; una vez presentada, perdieron los papeles, dieron manotazos y se victimizaron. Hubo un antes y un después.


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Carlos Rivera - Abogado de IDL