(Foto: Congreso)
(Foto: Congreso)

La situación que vive el país es crítica no solo en el plano económico, sino también institucional, sobre todo en la lucha contra la corrupción y esta semana ha sido determinante para que se dé un zarpazo sobre los principales operadores de justicia, que durante estos últimos años nos han permitido que el largo brazo de la ley les llegue a los poderosos.

De un porrazo se ha suspendido al procurador general de la República, Daniel Soria, por decisión del ministro de Justicia, Daniel Maurate -quien tiene audios con los ‘hermanitos’ de Los Cuellos Blancos-, con los mismos argumentos de la arbitrariedad del gobierno de Pedro Castillo y, además, del mismo proceso que le emplazó el inefable Aníbal Torres y que con una resolución judicial se le repuso. Se evidencia la incomodidad de la labor del procurador, que, por cierto, estuvo denunciando al actual gobierno y acompaña procesos emblemáticos de corrupción de exautoridades.

Para ayer, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio el batacazo final contra el equipo de fiscales de Lava Jato, que es el caso más importante de corrupción; con una resolución publicada en El Peruano, dio por concluidas las funciones del fiscal superior Rafael Vela, que durante todos estos años estuvo siguiendo el proceso a todos los expresidentes y pudimos ver a nivel nacional a varios de ellos en la cárcel y exponiendo públicamente sus delitos de corrupción, que permitió a la opinión pública ver hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción en altas esferas.

Patricia Benavides, al igual que el Congreso, está desbocada, tomando decisiones que afectan seriamente los procesos judiciales donde el Ministerio Público tiene que defender al Estado y garantizar la sanción penal a los corruptos. Con estas acciones se evidencia que ella tendría otras intenciones sibilinas, que favorecerían a las mafias enquistadas en el poder.

Ni siquiera le importó que una decisión parecida, en el caso de los Sánchez Paredes, significara que se caiga todo este proceso emblemático sobre narcotráfico y enriquecimiento ilícito, después de que removiera al fiscal Frank Almanza, que venía siguiendo el proceso por años y estaba ad portas de una sentencia.

El país está en peligro, porque, con el aval del Congreso, el Ministerio Público y el Minjus estarían minando desde adentro la lucha contra la corrupción, destruyendo lo poco que se ha avanzado, una desgracia, desde todo punto de vista.