Pedro Castillo y su nuevo gabinete de Ministros. (Foto: Presidencia)
Pedro Castillo y su nuevo gabinete de Ministros. (Foto: Presidencia)

La ineptitud era la característica más esperada en un eventual gobierno de Castillo. Él y su equipo lo hicieron evidente a lo largo de la campaña electoral; sin embargo, por estrecho margen, la elección se definió a su favor. De tal manera que el caos e ineptitud que sucedieron a la toma de mando no tendrían por qué sorprender a nadie.

Lo que sí puede haber generado sorpresa entre quienes confiaron su voto en quien creían era un profesor rural de pétrea fe cristiana es la desenfrenada seguidilla de escándalos de corrupción que llegaría con el gobierno del lápiz. Contubernios de madrugada en oscuras calles de Breña, reuniones inexplicables con suertudos proveedores estatales de biodiésel en los salones de Palacio de Gobierno y fajos de dinero escondidos junto al Despacho Presidencial son algunos de los hechos que mejor han caracterizado al “gobierno” del profesor.

La incapacidad moral de Castillo para conducir los destinos de la patria es evidente desde hace tiempo. El tecnicismo de “permanente” como agregado a la incapacidad moral es lo único que no zanja la discusión; sin embargo, la correlación de fuerzas en el Parlamento, potenciada por la cooptación de los congresistas ‘niños’, hacía difícil presagiar la consecución de los 87 votos que la ley exige para decretar la vacancia por “permanente incapacidad física o moral declarada por el Congreso”. Esto hasta que torpemente Aníbal Torres decidió plantear cuestión de confianza sobre la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, cuya constitucionalidad y alcances acababa de ser legitimada por el TC.

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Al plantear dicha cuestión, así como la interpretación de “denegación fáctica” dada por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo quebró el frágil equilibrio que existía entre una mayoría congresal dispuesta a todo con tal de preservar su curul (y las quincenas que la acompañan) y un Ejecutivo que priorizó la turbidez y apetitos crematísticos subalternos por sobre el buen gobierno.

Ante la amenaza de perder la curul, una mayoría de 98 congresistas planteó una cuestión competencial y medida cautelar para frenar cualquier apetito disolutorio del Ejecutivo. El TC acaba de conceder esa cautelar. Hoy no es descabellado pensar que el umbral de los 87 votos es alcanzable. Si ocurre, deberá operar la sucesión constitucional y la vicepresidenta tendrá que asumir la primera magistratura de la nación. La viabilidad de Boluarte como presidenta tendrá que ser evaluada en su debido momento, en función de sus propios méritos o deméritos, pues cada día trae su afán y tarea.

Lea mañana a: Joaquín Rey

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