[OPINIÓN] Pablo de la Flor: “Para no ir de mal en peor”

No hay forma de dorar la píldora: exceptuando lo sucedido durante la pandemia, la economía peruana registra sus peores índices de los últimos 14 años. Así, el primer semestre de este año nos deja un legado negativo (-0.5%) comparable a la contracción registrada durante la crisis financiera mundial de 2009. Si no hubiera sido por el dinamismo de la producción minera, la caída habría sido aún mayor.

Más allá de las mejoras que puedan darse en los próximos meses, la acumulación de dos trimestres consecutivos de crecimiento en rojo técnicamente califica el desempeño peruano como recesivo y exige un llamado a la acción urgente e inmediata. Recordemos que sin crecimiento no hay empleos de calidad y menos reducción de la pobreza.

Si bien el estallido social de principios de año y los coletazos de Yaku explican parte de lo sucedido, las causas raíz de este descalabro son más estructurales y guardan relación directa con la falta de confianza y las expectativas empresariales negativas que se han instalado en el país de un tiempo a esta parte.

Lo anterior se ve especialmente reflejado en el desplome (-11%) de la inversión privada —uno de los peores desempeños de los últimos 25 años—, propiciado no solo por la caída de la autoconstrucción (caída en los despachos de cemento de 14%), sino también por la sequía de nuevos proyectos mineros que puedan tomar la posta de Quellaveco, nuestro último desarrollo de envergadura.

Así, en el primer semestre del año la inversión minera registra una retracción del 24%, con proyecciones escuálidas respecto de los altos flujos de lustros anteriores. A pesar de la gran cantidad de proyectos en cartera y las perspectivas positivas asociadas a la transición energética, ninguna iniciativa significativa ha sido comprometida con calendario de inversión firme. Lo único que tenemos en curso es la expansión de proyectos existentes.

El contexto político de enrarecimiento y polarización, marchas y contra marchas en materia económica y las señales por momentos contradictorias desde el propio ejecutivo vienen generando un entorno poco propicio para la puesta en marcha de los nuevos proyectos que el país necesita a fin de reactivar el crecimiento.

Esto resulta particularmente evidente en el ámbito regulatorio. Con más de 400 procedimientos y autorizaciones, buena parte de ellas redundantes, los tiempos para el desarrollo de un proyecto minero se multiplican y exceden largamente los plazos contemplados en las propias normas.

Por ejemplo, la modificación de un estudio de impacto ambiental que, en principio, debiera consumir 145 días, puede tomar 4 o 5 años. Lejos de simplificarse, las normas se complejizan con nuevas exigencias, como la recientemente aprobada para el monitoreo de los compromisos sociales voluntarios asumidos por las empresas.

Para revertir el espiral negativo en el que estamos inmersos, resulta urgente que desde el Ejecutivo se desarrolle un esfuerzo concertado para facilitar la movilización de la inversión privada, atacando aquellos problemas específicos que pudieran destrabar los proyectos de mayor envergadura y más inmediata implementación, estableciendo metas y reportando avances.

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