[OPINIÓN] Pablo de la Flor: “El fracaso descentralizador”

Marcada por la improvisación y el apresuramiento, la descentralización ensayada en nuestro país durante los últimos 20 años ha sido un auténtico fracaso.

Lejos de apuntalar la eficiencia del gasto público, mejorar la oferta de servicios y reducir las inequidades geográficas, el proceso ha exacerbado la ineficiencia, lo que ahonda las desigualdades y potencia la conflictividad. Esto ha generado un altísimo nivel de frustración en la población que no se siente representada por sus autoridades.

Son múltiples las causas de este descalabro. Para comenzar, el esquema no asigna de manera clara responsabilidades entre las distintas instancias de gobierno (regional, provincial, distrital), propiciando una confusa superposición de funciones y duplicidades. Por otra parte, la alta fragmentación (casi 1,700 municipios distritales) impide la implementación de los proyectos de inversión pública de envergadura que el desarrollo descentralizado exige.

En lo que respecta a la generación de ingresos, destaca la limitadísima capacidad recaudadora de los gobiernos locales, siempre dependientes de las transferencias generadas desde el gobierno central con criterios que no siempre resultan transparentes o predecibles.

El proceso originalmente contemplaba la asignación de funciones condicionada a la existencia de competencias locales, compromiso que se terminó descartando. Esa falencia resulta especialmente evidente cuando consideramos los bajísimos niveles de ejecución presupuestal de las administraciones subnacionales (hoy responsables del 40% de la inversión pública).

Otra dimensión del fracaso es la enorme y acentuada desigualdad. Un informe del Banco Mundial da cuenta de que los ingresos per cápita del 20% de municipios más ricos multiplica por 11 el del 20% más pobres. A ello hay que sumar los efectos perversos de la corrupción, especialmente afincada y casi endémica en los gobiernos locales que manejan mayores presupuestos.

Frente a este fracaso, resulta urgente impulsar una reforma integral que clarifique responsabilidades y funciones, refuerce capacidades de gestión, genere economías de escala en la inversión e instrumentalice un sistema de transferencias más transparente y predecible.

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