[Opinión] Nelson Shack: “El mito y la realidad de la fiscalización de consejeros y regidores”

Cada cuatro años elegimos a regidores y consejeros para que nos representen con la confianza de que tendrán los medios necesarios y la capacidad para fiscalizar con efectividad la gestión pública de nuestros alcaldes y gobernadores a lo largo de todo el país. Esto volverá a pasar este 2022 con las Elecciones Regionales y Municipales de octubre.

Sin embargo, en muchos casos, esto ha sido un mito, ya que la realidad nos ha revelado que esta representatividad tan importante ha venido encontrando múltiples obstáculos, incluso a veces propiciados por los propios alcaldes y gobernadores y sus funcionarios en la importante tarea fiscalizadora, lo que claramente favorece la corrupción e inconducta funcional.

Durante múltiples jornadas en el interior del país, audiencias públicas y denuncias que recibe la Contraloría, hemos conocido las limitaciones que regidores y consejeros han encontrado para ejercer su labor: oficinas cerradas, impedimentos para crear comisiones ordinarias, pedidos de información sin respuesta, entre otros. Estas son algunas de las situaciones que nuestros representantes enfrentan para evitar que concreten o develen las irregularidades que afectan a su distrito, provincia o región.

Esta realidad motivó a que la Contraloría presente en el 2021 un proyecto de ley para fortalecer la labor fiscalizadora de los consejeros y regidores, el cual fue acogido por un grupo de parlamentarios, y tras algunas modificaciones, fue finalmente aprobado.

Ahora, la Ley 31433 otorga facultades y recursos presupuestarios necesarios para que regidores y consejeros puedan contar con las herramientas que permitan acciones concretas y resultados visibles.

Esta norma fortalece la labor de fiscalización de consejeros y regidores, dotándoles de mayores capacidades a través, por ejemplo, del encargo que se le hace a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría para que los capacite en temas de control gubernamental y gestión pública; asignándoles recursos por el 0.5% del monto total ejecutado en el año precedente, para así garantizar su capacidad logística y el apoyo profesional necesario para fiscalizar con el propósito de prevenir actos de corrupción e inconducta funcional que terminan costándoles a todos los peruanos y peruanas. Ahora el Concejo Municipal podrá designar comisiones investigadoras y el alcalde estará obligado, bajo responsabilidad administrativa, a responder los pedidos de información.

De igual forma, se le faculta al Consejo Regional a designar comisiones investigadoras y el gobernador está obligado a responder los pedidos de información en un plazo determinado. Los consejeros también podrán fiscalizar la implementación de las recomendaciones derivadas de las acciones de control y fiscalizar el desempeño y la conducta de los funcionarios y directivos.

Garantizamos nuestro acompañamiento para el éxito de la titánica labor de fiscalización, la cual contribuirá a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas ante la población, y redundará en el desarrollo de las comunidades del país, lo cual debe ser el fin supremo de toda autoridad que recibe la confianza de su pueblo. ¡No los defraudemos!

Y, a ti ciudadano, en estas Elecciones Regionales y Municipales, infórmate y elige bien. Emite un voto responsable y reflexivo, pues de ello dependerá en gran medida el éxito o fracaso en la lucha contra la corrupción regional, provincial y distrital en los próximos cuatro años.