[Opinión] Juan Manuel Benites: “El mensaje firma sobre el mensajero”

En medio de la polarización, es necesario ratificar que era imperativo modificar la ley forestal, reconociendo la realidad de la agricultura nacional y ofrecer soluciones a la crisis económica y social que afecta a ese sector, especialmente en la Amazonía. La seguridad jurídica y el reconocimiento de derechos por parte del Estado estaba en cuestión y eso era inadmisible en un país que pretende el desarrollo sostenible y atraer inversión en un sector crucial para la economía del país.

El cambio legislativo busca abordar la amenaza que significaba la actualización de Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y Riego (Regasa), que iba a exigir cumplimiento de requisitos en forma retroactiva, prácticamente, paralizando el agro nacional. No es verdad que la nueva regulación de la Unión Europea haya sido el “pretexto” para promover el cambio en la ley, sino que ha sido el catalizador que levantó las alertas de que el país se encontraba en una posición muy vulnerable.

De hecho, según datos del propio Midagri, tan solo el 16% de las actividades agrarias se ubicaban en suelos “adecuados”, siendo el propio Estado el responsable directo de tal situación. Entender este último punto es de vital importancia para comprender que el resultado de políticas de Estado de ampliación de la frontera agraria en costa, sierra y selva no podía simplemente ser desconocido de un plumazo.

La ley establece condiciones para la adecuación del agro, reconociendo áreas elegibles solo en tierras que hayan perdido cobertura boscosa, lo cual sintoniza perfectamente con las definiciones establecidas en el reglamento europeo que separa las tierras ocupadas por el agro de las áreas reconocidas como bosques.

Es fundamental destacar que la Ley 31973 cuenta con el respaldo de diversos gremios agrarios y representa el clamor de los agricultores de todos los tamaños. Negar la necesidad de modificar la ley es desconocer la realidad de la agricultura peruana y desestimar el esfuerzo de miles de agricultores que buscan formalidad y sostenibilidad.

Por lo tanto, si bien es válido considerar mejoras y ajustes en la implementación, es necesario reconocer que la derogatoria de la ley no solucionaría los problemas subyacentes. El diálogo constructivo y propuestas sustentadas son el camino sensato para garantizar un futuro sostenible para la agricultura y, en especial, en la región amazónica.

Las críticas deben orientarse hacia la construcción de soluciones concretas que aborden las preocupaciones válidas. No ayuda mucho repetir frases o hashtag sin contenido o evitar el debate franco o, lo que es peor aún, alentar la violencia.

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