[Opinión] Juan Manuel Benites: “El agro del Perú es tierra de nadie”

Hace algunos días se llevó a cabo el Congreso de Emprendedores Amazónicos 2023, que tenía como objetivo principal trazar los lineamientos de un plan de desarrollo sostenible e inclusivo al 2050. Nada más acertado que planificar a largo plazo e involucrar a los distintos actores para plasmar un verdadero enfoque de paisaje sostenible sobre un vasto territorio del país.

Sin embargo, la norma europea de importaciones cero deforestación, que podía generar una pérdida en exportaciones en el orden de US$700 millones por año, ha encendido las alarmas y nos obliga a ir más rápido en la construcción de normas y políticas que, desde nuestro punto de vista, han sido bien resumidas por Dourojeanni (2020): la mejor manera de contener la deforestación es apostando por elevar la productividad. Es decir, producir más por hectárea, sin necesidad de ampliar la frontera agrícola en la selva, brindando asistencia técnica (paquetes tecnológicos) y económica a los agricultores para que puedan aprovechar bien las tierras que ocupan.

En tal sentido, es muy importante que se analice la aplicación de mecanismos realistas de formalización de la agricultura, en cuanto a la propiedad y a la regulación ambiental. No puede imponerse criterios, conceptos o normas que puedan paralizar la agricultura a nivel nacional y, en especial, en la Amazonía del Perú o, lo que es peor, que puedan criminalizar a los responsables de la seguridad alimentaria del país. Si ya tenemos agricultura consolidada, lo que debemos hacer es facilitar los procesos de adecuación y propiciar que puedan atraer capitales para mejorar su productividad que reduzca el uso de tierras, generando ingresos e incentivos para reducir la deforestación y la pobreza.

El problema de la deforestación debe centrarse principalmente en identificar los reales incentivos que motivan a los agricultores a talar los bosques para corregirlos. La realidad debe primar sobre las normas y no al revés.

Sería un grave error aplicar políticas de persecución o criminalización en contra de miles de familias agricultoras en la selva, por asumir responsabilidades que le correspondieron, en su momento, al propio Estado negligente e incoherente en cuanto a la ejecución de políticas públicas de desarrollo territorial, sin una clara visión de sostenibilidad ambiental.

Es el Estado el que debió asegurarse de que los títulos o constancias de posesión que se otorgaron en diferentes gobiernos nacionales y subnacionales cumplieran con la clasificación correspondiente como suelos aptos para la agricultura. ¿Qué clase de país somos que ahora el Estado pedirá a los administrados que demuestren que sus tierras no son patrimonio del Estado y que si pueden hacer agricultura donde vienen trabajando hace décadas, a costo de perder su inversión, ser sancionados y hasta encarcelados? ¿Cuál es la señal que le damos al mundo acerca de la predictibilidad para las inversiones, si ni siquiera respetamos los derechos de nuestros ciudadanos?

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