Invocamos a los jueces a hacer un análisis más profundo y complejo de la situación antes de resolver, debido a que no solo están involucrados los terroristas peticionantes, sino fundamentalmente la mayoría de los ciudadanos que tienen legítimas aspiraciones de vivir en paz, señala el columnista. (Foto: GEC)
Invocamos a los jueces a hacer un análisis más profundo y complejo de la situación antes de resolver, debido a que no solo están involucrados los terroristas peticionantes, sino fundamentalmente la mayoría de los ciudadanos que tienen legítimas aspiraciones de vivir en paz, señala el columnista. (Foto: GEC)

El 14 de agosto de 1992, en la Plaza Unión del Centro de Lima, nuestro compañero de trabajo, el capitán PIP Carlos Vereau Asmat, conspicuo miembro de la DIRCOTE (quien participó en la captura del terrorista Osmán Morote en 1988 a la espalda del Palacio de Justicia) era asesinado en venganza por un “destacamento especial” de Sendero Luminoso, a quien luego del reglaje lo ultimaron con un balazo en la cabeza. El autor del crimen, Edilberto Marcalupú García, fue detenido con el arma homicida y por ello fue condenado a cadena perpetua por un valeroso tribunal de justicia de la época. La posterior revocatoria de las cadenas perpetuas y reducción de penas ya es historia conocida para repudio de todos los peruanos.

El 2 de diciembre de 2020, en la impecable operación OLIMPO desarrollada por expertos de la DIRCOTE y la Fiscalía, se capturaron a 70 terroristas por su pertenencia al organismo de fachada (u organismo generado) “Movadef”. Entre los detenidos se encontraba Edilberto Marcalupú, el asesino del capitán Vereau, quien además, según el informe policial, fungía en la clandestinidad como miembro del Comité Central de SL y responsable o mando político y secretario general del Comité Regional Metropolitano, todo eso, bajo la cubierta de “Movadef”.

Otra detenida fue María Elena Pacheco García, integrante del “destacamento zonal Sur” del “ejército guerrillero” de Sendero, sí, “ejército guerrillero”, como lo lee, hecho que aún desafía el escepticismo de muchos, pese a las pruebas que se han expuesto en todos los medios de comunicación. Estamos advertidos, “Movadef” ya está “militarizado” desde hace mucho.

En la Operación OLIMPO 2020, los expertos agentes de inteligencia antiterrorista colocaron micrófonos a sus reuniones clandestinas en la que participó María Elena Pacheco García, a quien se le escucha decir con indudable claridad: “nosotros, el Partido Comunista, es clandestino o no es nada, nosotros nos guiamos por el marxismo Leninismo maoísmo pensamiento Gonzalo, y este nivel es un taller político pensamiento Gonzalo que va más allá del MOVADEF”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Edilberto Marcalupú fue “beneficiado” con arresto domiciliario en 2020 y hoy María Pacheco, junto a otros 51 terroristas detenidos, han solicitado al Poder Judicial salir en libertad. Como es obvio, la ciudadanía corre un grave peligro si lograran el propósito de salir en libertad, debido a que los principales cabecillas se esconderían nuevamente en la clandestinidad para seguir “dirigiendo” desde las sombras.

Invocamos a los jueces a hacer un análisis más profundo y complejo de la situación antes de resolver, debido a que no solo están involucrados los terroristas peticionantes, sino fundamentalmente la mayoría de los ciudadanos que tienen legítimas aspiraciones de vivir en paz, sin sobresaltos, y que estarán observando de qué lado de la historia se pondrá esta vez el Poder Judicial. Esperamos su decisión.