[Opinión] Gabriel Ortiz de Zevallos: “Presunción de insolencia”

Frente a múltiples acusaciones con sustento, distintos voceros del gobierno y sus partidos aliados en el Congreso usan el argumento de la presunción de inocencia.

En términos jurídicos, la presunción de inocencia implica que a una persona se le considera inocente hasta que se demuestre lo contrario en la vía judicial. Implica un derecho a no ir preso, pero no tiene por qué alcanzar para ser autoridad o funcionario, a menos que sean acusaciones banales o con muy poco sustento.

A una autoridad o funcionario se le otorga poder que puede usar mal y se le paga el sueldo con plata de los contribuyentes. La ciudadanía tiene todo el derecho de pedir las explicaciones que quiera antes de pagarle a alguien sospechoso de poder hacer mal uso del poder que se le entrega. Si un funcionario o autoridad enfrenta un hecho controversial que afecta al gobierno en que participa, lo correcto es dar un paso al costado, y demostrar su inocencia en la vía judicial. Así lo han hecho innumerables funcionarios en el pasado.

¿Qué ocurriría si la larguísima vía judicial concluye con una sentencia condenatoria? La presunción de inocencia habría servido al delincuente para aprovechar el cargo público que ostentó para su beneficio y el de sus cómplices en ilícitos cometidos y por cometer. La presunción de inocencia de un funcionario o autoridad con cuestionamientos sustentados no puede valer más que las garantías a toda la sociedad de tener funcionarios y autoridades probos.

La presunción de inocencia tampoco es un derecho irrestricto, ni siquiera respecto a la protección fundamental de no ir preso. Las largas prisiones preventivas de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y muchos otros más se argumentaron en parte por un riesgo de interferencia en la investigación. ¿Quién tiene más capacidad de interferir? ¿Una exautoridad o una autoridad en ejercicio?

Más recientemente, dirigentes de Perú Libre han agregado el argumento de que la Fiscalía hace persecución política. A la Fiscalía se le puede criticar cualquier otra cosa, pero todo el espectro político ha sido materia de investigaciones: desde Los Dinámicos del Centro (que ya es noticia en la BBC) a Los Elegantes de Saint Jhon, por nombrar los dos más recientes.

En los últimos días, Ángel Páez ha demostrado que Iber Maraví, ministro de Trabajo, fue acusado por la Fiscalía de liderar actos terroristas. El editorial “Movadef en Palacio” de César Hildebrandt ayer sostiene que el grupo prosenderista tiene influencia directa sobre el presidente Castillo. El machismo de Bellido está en sus redes sociales. El escándalo de Cerrón con su resguardo policial y la familia de este fue documentado ayer en La Encerrona.

A todo ello se suma la preocupación por cambios en la Policía y la percepción clara de presión política contra la Dircote. Hay sustento para exigir cambios y provienen de fuentes de todo el espectro político, no hay cómo sostener que es una conspiración de la extrema derecha. Pretender taparlo todo con la presunción de inocencia es ser insolente y presumir de ello: presunción de insolencia.