“El Congreso debe poner de su parte también y lograr un consenso para aprobar el adelanto de elecciones en los próximos días”.
“El Congreso debe poner de su parte también y lograr un consenso para aprobar el adelanto de elecciones en los próximos días”.

El autogolpe del 7 de diciembre originó diversos disturbios en varias regiones, incluidos bloqueos de carreteras, saqueos, destrucción de propiedad pública y privada, cortes del suministro de agua y daños a instalaciones de producción de petróleo, lo que ha ocasionado grandes pérdidas.

Obviamente, las más lamentables pérdidas son las vidas humanas y los cientos de heridos, aunque, además, están los altos costos sociales y económicos.

Se estima que cada día de protestas le costó al país alrededor de S/100 millones de pérdidas en promedio. Los principales afectados, como siempre, resultan ser los más pobres y vulnerables y los dueños de los pequeños negocios. No obstante, algunas grandes empresas también sufrieron daños.

El impacto lo sienten muchos: pequeños comerciantes, agricultores y ganaderos que no pueden vender sus productos, restaurantes y tiendas que se ven impedidos de abrir, personas enfermas que no pueden trasladarse a hospitales o centros médicos (y en algunos casos con pérdidas de vidas), trabajadores que no pueden movilizarse a sus centros laborales, estudiantes sin clases, viajeros turistas y locales que no pudieron desplazarse debido al cierre de los aeropuertos.

Diciembre es el mes más importante en términos de actividad económica, en el que muchas empresas generan más del 30% de su venta anual, que les permite pagar sus deudas y planillas. Debido a esto, muchas tendrán problemas para honrar sus obligaciones. Lo perdido ya no se recupera.

Ya desde el tercer trimestre la mayoría de las regiones muestra una desaceleración económica debido al menor desempeño de los sectores primarios y a la caída de la inversión privada. El cambio de autoridades subnacionales en enero de 2023, los daños a la infraestructura pública y privada, y los efectos de la paralización de actividades productivas y comerciales van a ralentizar incluso más nuestro crecimiento económico, resultando eso en menos empleos e ingresos familiares y en una reducción en los ingresos fiscales.

Después de un primer mal manejo de los disturbios por parte del gobierno, que demoró en declarar estado de emergencia y sacar a las FF.AA. a la calle para apoyar a la Policía, a partir de fines de la semana pasada se actuó con más firmeza. Esto permitió reabrir una serie de carreteras bloqueadas y redujo los disturbios en varias ciudades. Sin embargo, se requiere un plan concreto para restaurar el orden público plenamente y dejar atrás los disturbios.

El Congreso debe poner de su parte también y lograr un consenso para aprobar el adelanto de elecciones en los próximos días, y ojalá que sea con algunas reformas políticas mínimas (pero obviamente sin una Asamblea Constituyente). La aprobación de dicho adelanto, al ser un pedido mayoritario de la población, facilitaría la pacificación del país y evitará mayores pérdidas para todos.

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