"Agentes de la fuerza, defiendan la República. Nosotros los defenderemos a ustedes".  (Foto: Renato Pajuelo / Andina)
"Agentes de la fuerza, defiendan la República. Nosotros los defenderemos a ustedes". (Foto: Renato Pajuelo / Andina)

En nuestro país, decía Manuel Lorenzo de Vidaurre, “ha de reinar el orden. Si fuese preciso, callarán las leyes para mantener las leyes”. Al comentar la cita, Enrique Chirinos Soto acotó: hay ocasiones en que deben callar ciertas leyes –como las que declaran ciertas libertades– para que se impongan otras como las que protegen la base misma de la organización social. Y añadió: el primer deber del gobierno es gobernar. Para gobernar, dentro de la ley, se necesitan recursos de excepción como los que franquea la (estado de sitio y estado de emergencia).

Así, correspondió a Dina Boluarte, como presidente de la República, presidir el sistema de defensa nacional; organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y adoptar las medidas necesarias para defender la República y la soberanía del Estado, todas atribuciones y obligaciones de su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

En efecto, el Estado es el único que tiene la utilización legítima de la fuerza. El Estado no utiliza violencia, utiliza fuerza. Jurídicamente, la fuerza es legítima y la violencia, no. Violencia y fuerza son dos conceptos radicalmente distintos. Cuando sale el Estado a plantar orden o exigir el cumplimiento de la ley, tiene que ganar. Si hay que poner agentes donde se necesitan cien, hay que poner mil. Debe exhibirse fuerza para no tener que utilizarla. El Estado no puede salir para tener más víctimas que quienes están desafiando la ley.

La fuerza es adversaria de la violencia. Solo se detiene si no hay violencia y –por supuesto– si no hay chantajes ni amenazas.

Agentes de la fuerza, defiendan la República. Nosotros los defenderemos a ustedes. (Un voluntario de “Integridad”).

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Rómulo Mucho