[OPINIÓN] Ana Jara: “Victoria pírrica”

Al cierre de esta columna, transcurridas catorce horas del 19 de julio, los reportes oficiales, incluidos los de la Defensoría del Pueblo (vía enlace telefónico en RPP), daban cuenta del desarrollo pacífico y sin mayores eventualidades (salvo un conato de incendio en la fachada de la Prefectura de Huancavelica) de la llamada marcha tercera ‘Toma de Lima’, que no obstante siendo la Capital de la República el epicentro de las protestas sociales, gremios y organizaciones del interior del país anunciaron días antes se plegarían desde sus lugares de origen.

¡Golpe avisa!, reza un dicho y en materia de manifestaciones el Estado aprendió crudamente a hacer labor de prevención, a no esperar a actuar cuando el estallido social se hubiese desbordado como en el pasado. Para tal efecto, se aprobó un Plan de Operaciones que, entre otras medidas, dispuso que 24,000 policías velasen por el orden interno, la declaratoria en emergencia de la Red Vial Nacional a fin de evitar bloqueos de carreteras que perjudiquen el libre tránsito y el turismo, según afirmó el ministro del Interior, Vicente Romero. Dio a conocer que aproximadamente un millón y medio de turistas se desplazan en Fiestas Patrias y que, por sobre todo, se busca acompañar las marchas respetando el ejercicio del derecho a la protesta de los ciudadanos. En tanto, del otro lado, se percibió, en líneas generales, la voluntad de hacerse escuchar en calles y plazas sin perjudicar el derecho de terceros, llámese al libre tránsito y circulación, al desarrollo de actividades laborales y comerciales (brutal el dato del ministro de Economía, Alex Contreras, de que “el costo de la conflictividad social fue equivalente a 3 ciclones Yaku”, es decir, pérdidas por 4 mil millones de soles) y, el de tolerar la postura de quienes por voluntad propia no desean sumarse a las protestas.

Dicho esto, la presidenta Dina Boluarte no debe ni puede cantar victoria por el impacto de la marcha #19J, a juzgar por la magnitud de las anteriores, ni considerarlo como un espaldarazo a su gobierno, porque su desaprobación así como la del Congreso de la República son de niveles altísimos, que les restan legitimidad, 79% y 85%, respectivamente, según última encuesta nacional de Ipsos para este diario. Por tanto, a raíz del rechazo social expresado en jornadas de protesta, es de inferir que estas continuarán hasta el adelanto de elecciones generales para la renovación total de autoridades. Esta es una victoria pírrica para la actual administración; aún subsisten las heridas abiertas por la muerte de 49 civiles en el manejo de las protestas sociales ulteriores al golpe de Estado de Pedro Castillo. Las investigaciones en sede de los operadores de justicia marchan a paso lento, en tanto que las responsabilidades políticas brillan por su ausencia.