[OPINIÓN] Alfredo Torres. “Los 500 días de Pedro y Aníbal”

Carlos Basombrío ha escrito un libro, Pedro de los (casi) 500 días, cuya lectura es muy recomendable para no olvidar uno de los gobiernos más incompetentes, corruptos y, al mismo tiempo, peligrosos de nuestra historia. De la lectura del libro se desprende que Pedro Castillo no habría llegado al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 (a casi 500 días de haber asumido la Presidencia de la República) si no hubiese estado a su lado un personaje mucho más astuto que él: el abogado Aníbal Torres, autor de media docena de libros de Derecho, que lo acompañó en un inicio como ministro de Justicia, luego como presidente del Consejo de Ministros y las últimas semanas como asesor, a tal punto que estuvo en Palacio cuando Castillo proclamó su golpe en televisión nacional, y al momento de su captura.

Es curioso, pero fue precisamente la incompetencia de Castillo la que lo llevó a ser “presidente por accidente” (apropiado título del libro de Christopher Acosta sobre el mismo tema). Como relata Basombrío, Castillo se convirtió en el líder de la huelga magisterial organizada en 2017 por el Conare-Sutep, una agrupación radical de maestros vinculados al Movadef, porque sus dos facciones transaron en nombrar a una persona manipulable. Los líderes de cada facción, Zenón Pantoja y Lucio Ccallo Ccallata, necesitaban a la cabeza del Comité de Huelga a un maestro ambicioso, pero sin ideas propias. Así eligieron a Pedro Castillo, un profesor rural sin mayor preparación y con afán de figuración política. La huelga fue larga y violenta, y aprovechada por la mayoría fujimorista en el Congreso de entonces para censurar a la ministra de Educación, Marilú Martens, y quitarle la confianza al gabinete presidido por Fernando Zavala e integrado, entre otros, por el propio Basombrío.

Su aparente éxito sindical y su carácter manipulable fueron también los criterios que habrían llevado a Vladimir Cerrón a pedirle que sea el candidato presidencial de Perú Libre en vista de que él estaba inhabilitado electoralmente para serlo. Como se sabe, Castillo obtuvo el 15% de los votos emitidos en la primera vuelta de 2021 gracias al voto andino y, luego, el “antivoto” le permitió derrotar ajustadamente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. La incompetencia de Castillo se hizo patente cuando llegó al 28 de julio sin haber conformado un gabinete completo y se confirmó en numerosos nombramientos que en otros tiempos habrían sido inverosímiles, como el del exguerrillero de los 60 Héctor Béjar como canciller, quien hizo declaraciones tan disparatadas como “el terrorismo lo inició la Marina” o que “Sendero fue en gran parte obra de la CIA”.

Lo que sí fue una sorpresa fue su propensión a la corrupción. Como observa muy bien Basombrío, en agosto de 2021, Sada Goray ya había llegado al ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, a través de su jefe de asesores Salatiel Marrufo para pagar una millonaria coima que, según Marrufo, era para el presidente. En septiembre del mismo año, la cuñada/hija Yenifer Paredes ya hacía gestiones ilegales en Chota. En octubre, el ministro de Transportes Juan Silva –todavía prófugo– entregaba irregularmente la buena pro para la construcción del Puente Tarata III y también en octubre se producía una delincuencial compra de biodiésel por parte de un Petroperú manejado por ellos.

Un mes después, en noviembre, se difundía el famoso video de Cuarto poder en el que se constata la existencia del despacho clandestino del jirón Sarratea, donde, según la Fiscalía, se cocinaban diversos negociados. Y en noviembre, también, se encontraron US$20,000 en el baño de las oficinas de Bruno Pacheco, secretario general de Palacio de Gobierno, dinero proveniente de las coimas pagadas por diversos oficiales de la Policía a Castillo para ser ascendidos. No habían pasado cuatro meses y Castillo ya estaba involucrado en una serie de delitos.

Corrupción ha habido en muchos gobiernos, aunque en ese el desenfado ya era excesivo. Sin embargo, lo que no se había visto antes era un gobierno corrupto que quisiera asegurarse en el poder con el apoyo de milicias populares organizadas. Para ello, Castillo y los suyos proponían convocar a una asamblea constituyente en la que una proporción significativa de sus integrantes fuesen elegidos por las “organizaciones populares” que ellos alentaban. Empezado 2022, ante la evidencia de que esa iniciativa no prosperaría en el Congreso, el gobierno liderado por Aníbal Torres pasó a organizar “consejos de ministros descentralizados” y a recibir en el patio de Palacio a dirigentes sociales del interior del país para azuzarlos.

En abril, el cardenal Pedro Barreto y el psicoanalista Max Hernández, a través del Acuerdo Nacional, intentaron mediar para bajar la polarización. Visitaron a Castillo y salieron con la impresión de que el presidente había recibido bien sus propuestas. Pero al día siguiente el premier Aníbal Torres calificó al primero de “ser despreciable” y al segundo de “haber estado siempre del lado de la ultraderecha”. Y, claro, Castillo guardó silencio y Torres continuó en el cargo.

Los siguientes meses transcurrieron “a velocidad de vértigo”, como dice Basombrío. El espacio de esta columna no me permite reseñar esa etapa, pero sí destacar que sobran indicios para suponer que el golpe se venía cocinando a fuego medio y que Aníbal Torres era el chef. Los consejos de ministros descentralizados y las convocatorias en Palacio a dirigentes populares eran el mecanismo para ir construyendo el respaldo social necesario.

El 25 de noviembre, luego de haber presentado dos iniciativas de voto de confianza que no prosperaron y de haber amenazado con cerrar el Congreso, Aníbal Torres dejó la Presidencia del Consejo de Ministros a la congresista radical Betssy Chávez y tomó el rol de jefe del gabinete de asesores de la PCM. Designó luego a políticos y exmilitares extremistas como Emilio Bobbio, Wilson Barrantes, Luis Noblecilla y Daniel Barragán —algunos de ellos cercanos a Antauro Humala—. Su apuesta era lograr el apoyo de un sector de las FF. AA., cosa que en hora buena no ocurrió.

Como se sabe, el golpe fracasó estrepitosamente y a las pocas horas Castillo fue detenido en un vehículo donde huía, junto a Torres, rumbo a la Embajada de México.

Lo que ocurrió en las semanas siguientes podría calificarse como los estertores del golpe. Los 19 “consejos de ministros descentralizados” organizados por Aníbal Torres con “la población organizada” no fueron en vano. Las protestas violentas de las siguientes semanas repitieron, potenciado, el patrón de insurgencia que llevó a cabo el Movadef en la huelga magisterial de 2017. Las lamentables muertes ocurridas en esos levantamientos han puesto en el ojo de la opinión pública a las Fuerzas Armadas por los excesos cometidos al intentar controlar a las turbas que buscaban incendiar aeropuertos e instalaciones públicas y privadas. La Policía Nacional y el Ministerio Público deben identificar y procesar a los instigadores de esas violentas protestas que llevaron a muchos jóvenes exaltados y a más de un transeúnte inocente a morir en una absurda confrontación. Lo que hizo Pedro Castillo es indefendible y debe ser sancionado, tanto como debe serlo su instigador.

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