Instalaron casetas. Cobro por derecho de circulación debía empezar el 20 de febrero, pero fue suspendido para iniciar negociaciones. (Renzo Salazar/Perú21)
Instalaron casetas. Cobro por derecho de circulación debía empezar el 20 de febrero, pero fue suspendido para iniciar negociaciones. (Renzo Salazar/Perú21)

Difícilmente, pues todo es cuestión de aplicar una fórmula inefable: bloquear la carretera. Con lo ocurrido en el peaje de Chillón, se constató que la protesta es la forma de obtener cualquier cosa que se desee: subsidios, compra de producción excesiva a precios fuera de mercado, cancelación de proyectos mineros y, ahora, eliminación de peajes. Es una lástima que tanto la población como el Gobierno estén sacrificando el mediano y largo plazo por una efímera ganancia inmediata. Durante decenas de años hemos sufrido por una infraestructura vial insuficiente; con el costo que significa el mayor número de horas requeridas para desplazarse de un lugar a otro; la escasez de vehículos de transporte dispuestos a transitar por vías deterioradas; y el precio por el cual estarían dispuestos a hacerlo, el mayor consumo de combustible, y el tiempo que deja de dedicarse a rutas más eficientes.

Las concesiones viales son una manera de proveer de infraestructura a una velocidad mayor que la que tomaría al Estado. Así, se puede atender a más poblaciones alejadas que ganarán, no solo en términos económicos por su cercanía a los mercados donde venden sus productos o compran insumos y reciben servicios, sino también en términos sociales: acceso a centros educativos de mayor tamaño o a servicios de salud que puedan atender una emergencia.

En las concesiones viales se espera que el costo de su mantenimiento, y tal vez parte de su construcción o mejora, sea asumido por los propios usuarios. Parece justo, considerando que habrá beneficios tangibles. Y si con ello se puede atender a poblaciones que necesitan apoyo, pues, con mayor razón.
Pero… ¡a que no habrá peaje en Ticlio!

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