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La demanda presentada por una subsidiaria de Odebrecht ante el Ciadi contra el Estado peruano nos lleva a pensar que el acuerdo de colaboración firmado con la constructora brasileña pudo incluir mayores seguros que evitasen trastadas como la que nos acaba de jugar la protagonista del escándalo de corrupción más grande de América Latina.
Es un hecho. Las pruebas que la justicia peruana maneja sobre los actos de corrupción cometidos durante el proceso de adjudicación del Gasoducto del Sur servirán para la defensa. Así lo faculta una cláusula en el documento. Pero, ¿se pudo evitar? Nos queda la sensación de que sí.
Sin embargo, es el momento de cerrar filas como país contra quienes han venido jalando agua para su molino mientras aquí decidimos perder tiempo y energía politizando esta guerra. Divididos en bandos a favor y en contra del equipo especial.
Los fiscales y procuradores encargados del caso no pueden aislarse. Están en la obligación de mantenernos informados y de solicitar al Estado el apoyo que considere necesario para cumplir la misión que se le ha encomendado con eficiencia. La Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Economía y el de Justicia deberán estar más involucrados y garantizar los medios necesarios.
La búsqueda de la verdad nos lo reclama. Odebrecht ha ido contando a retazos la historia de sus delitos, cometidos en complicidad con malos funcionarios públicos. “¿Qué pasa en el Perú que todos los ex presidentes van presos?”, preguntó en su momento el Papa Francisco.
Pero al mismo tiempo, países como Ecuador y Colombia reconocen que los avances a los que hemos llegado en las investigaciones van bastante más adelante que lo que ocurre por esos lares. Y este es un año clave, Odebrecht lo sabe. No caigamos en la trampa de seguirle el juego.
