"El gobierno debe recoger estos pronunciamientos y actuar: identificando y arrestando a quienes sean sorprendidos in fraganti, desactivando rápidamente los intentos de bloqueos de vías..." (Foto: GEC)
"El gobierno debe recoger estos pronunciamientos y actuar: identificando y arrestando a quienes sean sorprendidos in fraganti, desactivando rápidamente los intentos de bloqueos de vías..." (Foto: GEC)

En los últimos días, diversos gremios de pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el territorio nacional, así como asociaciones sectoriales y cámaras de comercio regionales han emitido firmes pronunciamientos públicos que en buena cuenta coinciden en pedir lo mismo: garantías para seguir trabajando y que la actividad económica del país no se paralice.

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Es decir, le exigen al Gobierno que tome medidas para evitar lo que ocurrió durante los meses de diciembre y enero pasado en el sur y en algunas regiones del norte y centro del país. Y aunque desde el Ejecutivo se ha hecho eco del clamor de estos gremios, su reacción sigue siendo a todas luces insuficiente.

Como se sabe, los sectores violentistas de izquierda levantan como única plataforma política la desestabilización y caída del actual gobierno, un objetivo que pretenden comenzar a cristalizar desde el 19 de julio. Y para ello vienen organizándose desde hace meses.

No puede quedar todo, entonces, en pedidos, proclamas y declaraciones, pues son millones los peruanos que no quieren que el país sea, otra vez, presa de la violencia, el caos y muertes ocasionadas por dirigentes políticos que de 2021 a 2022 fueron cómplices activos de Pedro Castillo. En el fondo, la única razón que mueve a los maquinadores de una protesta que vuelve a poner en riesgo la propiedad pública y privada, así como la integridad de la ciudadanía, es la pérdida de los privilegios que gozaban durante la breve gestión del defenestrado presidente.

El gobierno debe recoger estos pronunciamientos y actuar: identificando y arrestando a quienes sean sorprendidos in fraganti, desactivando rápidamente los intentos de bloqueos de vías y exigiendo al Ministerio Público que acompañe las acciones coercitivas formulando las denuncias correspondientes con celeridad.

Lo que está en juego es demasiado valioso como para arriesgar el futuro de toda una nación por intereses particulares ideologizados y provenientes de los márgenes de la legalidad y la democracia. Las Fuerzas de Seguridad deben prepararse para actuar con profesionalismo y decisión en defensa de esa paz social a la que aspira la mayoría de los peruanos para poder salir adelante con sus familias.

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