Golpe a la mafia

Tras el despliegue de una serie de certeros operativos contra miembros de la presunta organización criminal enquistada en el Gobierno para hacerse de millonarias obras públicas, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Todo indica que el material probatorio que determinó las detenciones preliminares de los miembros del así llamado ‘Gabinete en la sombra’ y el allanamiento de las oficinas de los denominados ‘Niños’ de Acción Popular, es contundente. Y de los allanamientos y de lo que digan los detenidos probablemente se acopie más información incriminatoria.

De la resolución judicial que sustentó los operativos a pedido de la Fiscalía se puede apreciar el nivel de desesperación en el que habría caído el mandatario cuando se ordenó la captura de su exsecretario Bruno Pacheco, pues intentó mover cielo y tierra para comprar su silencio, sea tramitando un asilo político en Venezuela o dándole dinero en efectivo.

Pero como toda organización mafiosa tiene un brazo legal, este se puso en acción y ha emprendido acciones contra la Fiscal de la Nación con el objetivo de intimidarla con denuncias maliciosas, replicadas y aplaudidas en las redes sociales por grupos afines al gobierno y trolls.

Y si bien las denuncias deben ser tramitadas, a las entidades que resuelvan estos dudosos recursos judiciales no se les puede escapar que han sido promovidos con el claro objetivo de paralizar, afectar o desacreditar la valiente investigación que se sigue al jefe de Estado y a su entorno.

Con la denuncia constitucional, que el país espera que, poniéndose a la altura, el Congreso tramite sin mayores dilaciones –ni contubernios políticos basados en intereses particulares– estos ataques seguramente arreciarán. Lo cierto, sin embargo, es que se ha dado un paso gigante en la lucha contra la corrupción, que en 2021 dejó más de 24 mil millones de soles en pérdidas.

Las consecuencias podrán ser graves y, para algunos, imprevisibles, pero la investigación de la fiscalía no puede detenerse: merece todo el respaldo de los demócratas y de la sociedad civil.