El ciudadano Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra abordó ayer los temas urgentes del país. Juntos podemos ganarle a la corrupción. Las reformas judicial y política son nuestras banderas, terminó diciendo. Al iniciar, le había pedido a Pedro Chávarry que renuncie. Se lo dijo de la manera más elegante: los audios del nuevo fiscal de la Nación son ejemplo de la crisis, afirmó.

También anunció un referéndum que le permita a la ciudadanía participar, “ser parte y decidir el cambio que el país necesita”. Entre los cambios, propone prohibir la reelección de los congresistas.

Inmediatamente, la propuesta concitó aplausos y críticas. Aplaude la opinión pública cansada de la corrupción que se ha destapado con los audios de la vergüenza, pero también de la que transita por los pasillos del Parlamento. Critican los políticos que resultarán perjudicados si la medida es aprobada por la ciudadanía.

El sistema judicial ha colapsado, dijo en un momento el presidente, y la imaginación de un sinnúmero de televidentes se remitió a un desagüe atorado, a una cañería oxidada, maloliente y tapada de sarro.

Para que eso termine, se necesitará cambiar leyes, pero también personas. Se revisarán las designaciones de jueces y fiscales que hizo el último y defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el primero que debe salir es el nuevo fiscal de la Nación. Chávarry debe renunciar, la reforma no será posible con él entrometiéndose en los procesos, cuidándose las espaldas en las investigaciones, todo desde la cabeza del Ministerio Público.

Los policías honestos, los fiscales probos, los jueces decentes, no confían en su despacho. Los peruanos que lo hemos escuchado hablar por teléfono con su amigo César Hinostroza no confiamos, ni siquiera, en sus buenas intenciones.

Aun los magistrados que no están involucrados con la podredumbre no aceptan que el problema es estructural: el anterior presidente del Poder Judicial pujó para no renunciar; y el nuevo y provisorio presidente, Víctor Prado Saldarriaga, insiste en mirar los problemas por encima. Esta semana le dijo a Perú21 que considera su deber aportar una cuota para “superar la mala imagen y el descrédito” de su institución.

¡Por eso la OCMA no funcionó! Los que están a cargo del control se la pasan escondiendo la basura debajo de la alfombra. Les preocupa el descrédito y no lo verdaderamente oscuro que se esconde en los fallos controvertidos y abiertamente ventajosos para la corrupción.

El Gobierno es consciente de que las medidas para el cambio requerirán del consenso de las fuerzas políticas en el Congreso; sin embargo, dependerá de la ciudadanía y de su capacidad de organizarse y participar, que la mayoría, aprofujimorista, priorice los intereses del Estado antes que sus conveniencias amicales y políticas.

El Legislativo tiene apenas 8% de aprobación, la opinión pública responsabiliza a los congresistas de agudizar la crisis política que atraviesa nuestro país y de apañar a cuanto corrupto integra sus bancadas.

Que la presidencia del Congreso haya recaído, nuevamente, en Fuerza Popular, y en Daniel Salaverry, quien tiene deudas con la Sunat y conflictos judiciales, lo debilita aún más. Es el momento para que el Ejecutivo, de la mano de la población, imponga su fuerza para hacer realidad el cambio.