El nuevo Congreso de la República que será elegido a finales de enero de 2020 completará el mandato del Parlamento disuelto. La fecha probable para su instalación es a inicios de marzo, lo que implica que los congresistas tendrán un periodo de dieciséis meses (año y medio) para trabajar. No es mucho tiempo, por ello deben de priorizarse los temas más urgentes. Considero que esos temas son:

1. Destrabe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Como todos hemos sido testigos, el Congreso disuelto dificultó la labor de la Fiscalía al no permitir que los principales involucrados en Los Cuellos Blancos del Puerto –el mayor caso de corrupción judicial de los últimos años– puedan ser investigados por los delitos más graves. Con los nuevos elementos que se puedan presentar, la impunidad debe de desaparecer de dicha subcomisión. Asimismo, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad deberá actuar rápidamente en los pedidos vinculados a delitos de función de los integrantes del Congreso disuelto, para que puedan por fin enfrentar a la justicia.

2. Elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Está pendiente la elección de seis de los siete magistrados del máximo organismo de interpretación constitucional. Los congresistas deberán empezar un nuevo proceso donde se respeten los principios de transparencia, pluralidad y meritocracia.

3. Eliminación de la inmunidad parlamentaria. Los nuevos congresistas deben escuchar el clamor ciudadano y seguir la experiencia colombiana, eliminando esta prerrogativa. Además de acabar con la impunidad, esta eliminación ayudaría a mejorar la calidad de postulantes al Parlamento, pues quitaría uno de los incentivos perversos que existen para que autoridades regionales y municipales cuestionadas quieran llegar ahí.

4. Control ético externo al Congreso. Desde su creación, la Comisión de Ética ha funcionado con criterios políticos y no de sincera autorregulación. El modelo fracasó y ha sido motivo de mayor descrédito para el Congreso. Junto con el congresista Guido Lombardi presenté un proyecto de ley para que los integrantes de la comisión no fuesen congresistas, y que su designación dependa de otras instituciones. Así se garantiza una mayor objetividad en el trabajo de la comisión. Esto no afectaría la independencia del Parlamento, pues sería finalmente el Pleno el que decidiría si aprueba o no el informe con las sanciones propuestas al infractor (pero con presión de la ciudadanía y de la prensa, pues el informe sería público).

5. Reformas políticas y electorales. Queda pendiente el debate y aprobación de un importante número de propuestas de la comisión que presidió Fernando Tuesta. Entre ellas, la posibilidad de contar con la renovación por mitades del Parlamento, lo que daría la posibilidad de solucionar situaciones de entrampamiento político, como las vividas en el país, sin necesidad de acudir a una figura como la de la disolución del Congreso.

Los candidatos a estas elecciones parlamentarias deben de evitar hacer propuestas electorales como si se tratara de un cargo que durará cinco años, pues estarían engañando a la ciudadanía. Es fundamental que sean conscientes del rol histórico que tendrá el nuevo Congreso para cambiar la política en el país, del corto tiempo que tendrán y de la urgencia de priorizar determinados temas para lograrlo.

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