La plata y la cancha

La sentencia condenatoria contra el periodista Cristopher Acosta y su editor, Jerónimo Pimentel, impuesta por el juez Raúl Jesús Vega en el marco de la querella que le interpuso el dirigente político César Acuña, dueño de APP y de una serie de universidades en Lima y provincias, es a todas luces un golpe para la libertad de expresión y de prensa en el Perú.

Es sabido que el recurso favorito de los que ostentan poder cuando se ven cuestionados por las investigaciones periodísticas es la intimidación. Y esta puede producirse a través de amenazas o actos de violencia, tanto como por la vía de millonarias demandas judiciales. El objetivo es impedir a toda costa que la verdad o las dudas sobre el personaje o la entidad investigada salgan o sigan saliendo a la luz. Sobre todo, si estos carecen de pruebas para demostrar que los análisis de documentos, opiniones y testimonios reunidos por los periodistas son equivocados, tendenciosos o no se ajustan a la realidad.

Lejos de ello, el primer reflejo de los enemigos de la verdad es callar de inmediato a la prensa. Y en este caso, el querellante, Acuña, hasta tuvo el cuajo de exigir que la audiencia no fuese pública, para que, obviamente, sus vergüenzas no quedaran expuestas otra vez.

Y es que ese es el objetivo de demandas como a la que ha recurrido el multimillonario dirigente político de APP, una modalidad a la que también suelen recurrir prontuariados estafadores, narcotraficantes y políticos corruptos para que los medios independientes dejen de investigarlos. La idea es sentar un precedente para que en el futuro ningún periodista se atreva a indagar sobre su trayectoria política, verificar el origen y el estado de sus propiedades o rastrear sus finanzas, pues, de lo contrario, le caerá una onerosa demanda judicial.

Con esa estratagema, con tan resobada leguleyada, conocidos mafiosos y corruptos han intentado silenciar al periodismo. Ocurre y ha ocurrido en el Perú y en otros países: para ellos es la plata lo que marca la cancha. El autor del libro ha apelado el fallo, con lo que el proceso pasará a una siguiente instancia, donde esperamos firmemente que el caso sea atendido por jueces probos y respetuosos de la libertad de prensa.

Perú21, que en su vida periodística no ha sido ajeno a intimidaciones y ataques similares, se solidariza con Acosta y Pimentel, y condena de extremo a extremo un fallo tan aberrante como antidemocrático.