En 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva contra Alejandro Toledo. (Perú21)
En 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva contra Alejandro Toledo. (Perú21)

Sobre las decisiones del juez Richard Concepción Carhuancho se escuchan coros a favor y voces en contra. Sucedió tanto cuando ordenó la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia como cuando mandó la detención preliminar de Keiko Fujimori. Hay abogados que dicen que decide abusando del derecho, pero la mayoría coincide en que lo hace con extrema severidad.

Los jueces probos son severos. No se casan con nadie. Cuando deciden sobre ciudadanos sin cargo político sospechosos de haber delinquido, solo sus familiares se sienten afectados, pero cuando los investigados son políticos, se arma tremendo escándalo.

El juez Concepción y los jueces que proceden como él no son populares, pero sus críticos no tienen razones para dudar de su honorabilidad, los pueden acusar de aplicar la ley en extremo rigor, pero nunca de vender su fallos. El establishment político los detesta y de un tiempo a esta parte les teme, pero la gente de la calle los admira y respeta.

En un país como el nuestro, donde la banda criminal más famosa, Los Cuellos Blancos del Puerto, está integrada por jueces y fiscales supremos y empresarios corruptores, una generación de jueces como Concepción o de fiscales como Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato, Rocío Sánchez del caso Los Cuellos Blancos o Juan Carrasco del caso Wachiturros de Tumán, y tantos más, le devuelven a la ciudadanía dignidad, confianza, le otorgan la posibilidad de creer en los profesionales de la justicia y en la independencia judicial.

He vivido escuchando que tal o cual partido político manejaba el Ministerio Público y lo mismo con el Poder Judicial. Dando por sentado que jueces y fiscales actuaban politizados, a favor de los intereses de los apristas, los montesinistas, los caviares, los fujimoristas. Y seguramente sigue ocurriendo.

Todavía hoy, en privado, en las redacciones de los medios, les asignamos a algunos magistrados una filiación partidaria para comprender sus sentencias. Nos respondemos así por qué unos políticos caen y otros ni siquiera resbalan.

Pero el excesivo rigor de esta nueva generación, de los jueces y fiscales que ahora investigan casos políticamente arriesgados, me regresa a los preceptos de independencia e integridad que rigen la justicia.

Estamos frente a magistrados que resisten tremendas presiones externas e internas, acabamos de ver cómo el recién blindado Pedro Chávarry golpea, groseramente, al equipo especial de la Fiscalía que sigue las dádivas y los sobornos entregados por Odebrecht y sus consorciadas a partidos políticos y funcionarios públicos. Despide, sin consultar con el fiscal superior responsable del equipo, a una fiscal adjunta que conocía los pormenores de los casos de dos partidos políticos: el Apra y Fuerza Popular. Claro, los mismos que le habían salvado la cabeza en el Congreso.

Sabemos que el propio Chávarry se opone a dotar de personal y proveer de herramientas a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la que investiga a sus amigotes de Los Cuellos Blancos y a él mismo.

Pero esos fiscales a los que Chávarry quiere aburrir, están resistiendo, lo están denunciando. Están cumpliendo con su deber. Con su tenacidad y compromiso, esta nueva generación de magistrados está derrotando el pesimismo, nos está demostrando por qué el Perú crece y funciona a pesar de quienes lo mangonean. Nos está diciendo que el Perú no está tan mal como se dice.