Daniel Ortega ayudó a derrocar al dictador Anastasio Somoza pero terminó emulándolo al auto elegirse en unos comicios calificados como una farsa y con sus opositores detenidos. (REUTERS)
Daniel Ortega ayudó a derrocar al dictador Anastasio Somoza pero terminó emulándolo al auto elegirse en unos comicios calificados como una farsa y con sus opositores detenidos. (REUTERS)

tendrá hoy unas elecciones presidenciales sin mayores sorpresas. Y eso es una lástima. La victoria del presidente está casi confirmada ya que sus verdaderos rivales se encuentran presos o exiliados, víctimas de una maquinaria para asegurarse su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder. En Nicaragua, las elecciones no serán una fiesta de la democracia.

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El panorama en el país centroamericano no ha cambiado en los últimos meses. A mitad de año, el dictador Ortega inició una cacería de opositores que no ha parado hasta los últimos días. A la fecha son siete los aspirantes a la Presidencia que se encuentran detenidos, acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.

La aspirante favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), se encuentra bajo arresto domiciliario. Además de ellos, una treintena de opositores (políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas) también han sido detenidos en los últimos meses, aunque desde 2018 estos suman 150.

Es así que los 4.4 millones de ciudadanos que podrán votar este domingo tendrán que hacerlo a favor de la fórmula presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, quien aspira a la vicepresidencia. Los otros cinco candidatos son desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno sandinista.

ELECCIONES “FAKE”

Durante su visita en Lima esta semana, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó a las elecciones en Nicaragua como unos comicios “fake”. “La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente americano”, declaró, reafirmando la decisión tomada por la Unión Europea de no enviar observadores internacionales para los comicios, medida tomada también por la OEA.

Para enfrentar la falta de los observadores electorales, el régimen de Ortega ha acreditado a 170 “acompañantes electorales”. Según el observatorio multidisciplinario nicaragüense Urnas Abiertas, son políticos afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “La falta de observación muestra la falta de transparencia del proceso”, apuntó, por su lado, el sociólogo nicaragüense Humberto Belli, en un escrito desde el exilio. El intelectual opositor indicó que el régimen de Ortega busca disimular la abstención, la poca participación en los comicios.

Por otro lado, también se ha prohibido la entrada de misiones periodísticas al país. Ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que el gobierno no autorizó el ingreso a Nicaragua de varios enviados de televisoras, radios, agencias de prensa y periódicos extranjeros, situación que, indicaron, exhibe “un grave retroceso” para la libertad de expresión en la nación centroamericana.

En una de las últimas reacciones, la. ordenó a Nicaragua liberar a los aspirantes Cristiana Chamorro, Miguel Mora y a otros 12 opositores más. Sin embargo, hasta el momento Ortega ha hecho caso omiso al pedido. En junio, la Corte IDH hizo un pedido similar que tampoco fue escuchado por el régimen. En Nicaragua, la farsa electoral está lista.

Datos

Hoy se elegirán al presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano.

El Congreso de EE.UU. aprobó el miércoles la ley Renacer, un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Ortega y Murillo.

“Maneja el país como una finca” [ENTREVISTA]

Daniel Zovatto. IDEA Internacional

Para Daniel Zovatto, director regional para A. Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el nivel de represión del proceso electoral nicaragüense no tiene precedentes en la región desde 1978.

-¿Cuáles son las características de este proceso electoral en Nicaragua?

Hay un alto nivel de represión de DD.HH. con más de 170 detenidos. Hay que incluir a los siete principales aspirantes de la oposición y la cancelación de la personería jurídica de los tres principales partidos políticos de oposición. Asimismo, se ha dado la exclusión del registro electoral de un millón de personas, la cancelación de mil centros de votación, el uso y abuso de recursos del Estado a favor del oficialismo y la existencia de una organización electoral carente de independencia.

-¿Y cuál es el estado de la libertad de prensa?

Hay una violación criminal en contra de periodistas de medios de comunicación como El Confidencial, La Prensa, generando una suerte de silencio informativo, obligando a los periodistas a esconderse o irse del país.

-¿Ortega es el mayor peligro para la democracia hoy en América Latina?

No porque también tenemos las situaciones de Cuba y Venezuela. Pero nunca habíamos visto un proceso electoral desde 1978 en América Latina con este nivel de irregularidad y con este nivel de falta de condiciones de integridad y competencia electoral. Tuvimos otras crisis electorales que gatillaron en crisis políticas, pero nunca una situación con todas estas irregularidades, y esta fuerte represión.

-¿Cómo describiría a Ortega?

Está cerrando el país, manejándolo como si fuese una finca, como si fuese un sultán, como si fuese el dueño y señor junto a su esposa, violando los DD.HH. que quiera y con total impunidad.

-¿Cómo debería responder América Latina?

No reconociendo los resultados. Lo segundo, en la Asamblea General de la OEA, los cancilleres tienen que lograr los votos suficientes para poner en marcha el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspender a Nicaragua hasta que se restablezca el orden constitucional. También se debe profundizar el aislamiento del régimen autoritario a través de una estrategia coordinada entre EE.UU., Canadá, la Unión Europea y los países latinoamericanos.


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