La mayoría de extranjeras víctimas de trata de personas son venezolanas

El 20 de agosto, la Policía Nacional desbarató la organización criminal Los Chamos de la Hacienda en San Juan de Lurigancho. Esta banda mantenía retenidas a seis venezolanas, que eran obligadas a prostituirse. En tanto, el 23 de julio, se intervino el búnker Pantera Rosa, donde se detuvo a cerca de 100 personas. De las 19 mujeres que se encontraron en dicho lugar, 12 eran venezolanas víctimas de trata de personas. En operativos realizados en San Martín de Porres, Independencia y El Agustino para combatir este delito, siempre se ha encontrado a jóvenes de dicha nacionalidad.

Esto no es casualidad; es lo que viene sucediendo desde hace años en el país, con la fuerte migración extranjera que ha habido. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP), la “morfología del delito” ha sufrido un severo cambio. Indicó que en 2022 hubo 217 víctimas extranjeras de trata de personas y que el 85% de estas (231) fueron venezolanas. En 2014, se contaron 48 víctimas extranjeras y ninguna de ellas era venezolana.

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“Antes de 2018, el panorama era otro. La trata de personas era, mayormente, lo que se denomina trata interna. Las víctimas eran personas explotadas por ciudadanos peruanos; es decir, dentro de las fronteras nacionales. Muy pocos eran los casos de trata mixta interna e internacional, donde la agraviada era trasladada a otro país. Durante los últimos ocho años, las víctimas extranjeras de trata de personas se incrementaron en un 500%”, refirió a Perú21 el director ejecutivo de la ONG Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, y exviceministro del Interio, Ricardo Valdés.

POR EL TREN DE ARAGUA

Valdés afirmó, además, que una causa importante de que este delito se haya incrementado es la incursión, en Perú, del Tren de Aragua. “El cambio de perfil de los tratantes y de las víctimas es consecuencia del negocio que el Tren de Aragua montó en Lima. Eso, evidentemente, genera una serie de ingresos por parte de esta organización criminal que, seguramente, van a servir para proteger a los cabecillas que hayan salido de la cárcel de Tocorón”, explicó.

Precisamente, un estudio realizado por dicha institución, denominado “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, reveló que la trata de personas mueve US$1,300 millones al año. “Cada año, los explotadores obtienen unos US$700 millones por actividades vinculadas a la explotación sexual y otros US$600 millones por actividades relacionadas a la explotación laboral, lo que las convierte en la segunda economía criminal en el país, después de la minería ilegal”, detalló la investigación.

Al respecto, la directora general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior (Mininter), Aissa Tejada, manifestó que el sector viene desplegando un conjunto de acciones para frenar el avance de este delito en el país. La funcionaria informó que, de enero al 21 de septiembre del presente año, la Policía Nacional rescató 2,592 víctimas de trata de personas, entre las que había 376 son nacionales y 2,216 extranjeras.

Para el Ministerio Público, la trata de personas “es un delito que constituye uno de los más lesivos a la dignidad de las personas, porque las convierte en objeto de comercio. Su finalidad es la explotación sexual o laboral de las víctimas, que suele incluir el uso de la violencia, amenazas o coacción para lograrlo”.

El 16 de enero de 2007 se promulgó la Ley Nº 28950 Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, una norma que tiene por objetivo la lucha frontal contra este crimen, que también es conocido como esclavitud moderna. Y el 22 de septiembre de 2012 se publica la Ley Nº 29918, que establece como el Día Nacional contra la Trata de Personas cada 23 de septiembre.

Este último dispositivo precisa que el presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior están en la obligación de dar cuenta al Congreso de la República, anualmente, de lo que se viene haciendo para afrontar este terrible problema. Desde el año 2018, no se ha hecho, en gran parte por toda la inestabilidad política que ha habido —debido a los constantes cambios de presidente— y por el azote de la pandemia. Es hora de retomar esta sana costumbre, señaló la Defensoría del Pueblo.

TENGA EN CUENTA

• De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el presupuesto asignado por el Estado para luchar contra este flagelo fue de S/0.12 al año por persona.
• Pidió al Congreso de la República que exija la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y del ministro del Interior, Vicente Romero, para que rindan cuentas de las medidas que se vienen adoptando contra este flagelo.

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