La Contraloría General detectó pérdidas económicas por más de S/.6 millones en obras de saneamiento ejecutadas con recursos del programa Agua para Todos, durante las auditorías realizadas en el periodo 2009-2011.
En dicho periodo, se identificó presunta responsabilidad penal o civil en 45 exfuncionarios y encargados de las empresas supervisoras de las obras. La mayor parte de ellos pertenece a los gobiernos regionales de Junín e Ica.
Durante las auditorías realizadas a las obras de saneamiento de Ica, Junín, Loreto, San Martín y Amazonas, se determinó que los problemas más comunes fueron la falta de disponibilidad de terreno para ejecutar la obra lo que ocasiona retrasos en su ejecución.
Asimismo, se otorgó adelantos para materiales antes de iniciarse la ejecución de la obra y sin contar con el calendario de adquisición de materiales, así como ampliaciones de plazos que fueron otorgadas a los contratistas sin el debido sustento técnico, lo que impide el cobro de penalidades por atrasos injustificados en la obra.
Uno de los casos más graves detectado en las auditorías se registró en el Gobierno Regional de Junín, el cual firmó tres contratos por 48 millones de soles para ejecutar tres obras de saneamiento que debían culminarse en menos de un año.
Tres años después, no se concluyó ninguno de los proyectos desarrollados en San Ramón, Pichanaki-Sangani y Satipo, pese a los desembolsos de dinero efectuados a las empresas contratistas.